La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer por unanimidad el planteo de un ahorrista, Gerónimo Cabrera, que había cobrado su plazo fijo pesificado y luego reclamó por vía judicial la diferencia con el valor del dólar de mercado.

Este fallo, el primero sobre pesificación que dicta la nueva Corte, no resuelve la cuestión de fondo: si la medida que impidió hace dos años a los ahorristas retirar sus depósitos en dólares es o no constitucional. Pero desalienta otros miles de reclamos similares que ya ingresaron o podrían plantearse en los Tribunales.

Para la Corte, un ahorrista que “aceptó el pago de su depósito a la paridad establecida por el decreto 214/02 sin efectuar reserva alguna, no puede sustraerse de las consecuencias de dicho acto”.

La decisión de la Corte, anticipada por Clarín, pertenece a los llamados amparos de segunda generación. Varios jueces de la Corte ya están trabajando en la cuestión de fondo sobre los amparos de primera generación, que cuestionan el corralito y la pesificación, aunque la decisión se demoraría varios meses.

La decisión de ayer afecta solamente a los ahorristas que cobraron sus depósitos al valor de 1,40 peso por dólar, a comienzos de 2002, sin firmar en disconformidad o enviar un telegrama a la entidad bancaria. Pero, de todas formas, desató la protesta de un nutrido grupo de ahorristas que sí presentaron amparos judiciales y se opusieron siempre a la pesificación. (ver página 4).

La decisión que ayer adoptó la Corte se produjo por unanimidad: votaron en favor de declarar “improcedente” el recurso siete de sus actuales ocho jueces: Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez. Todos coincidieron en rechazar una apelación contra la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había fallado en contra del reclamo de Cabrera, aunque los últimos tres jueces lo hicieron con argumentos propios. El presidente de la Corte, Enrique Petracchi, no votó porque se encuentra excusado.

Cabrera había retirado un depósito de 32.000 dólares, “pesificados” a 1,40 peso más el índice CER. Aunque no hay estimaciones oficiales de cuántos ahorristas estarían en su misma situación, fuentes de la Corte señalaron que el volumen de dinero comprometido en estos planteos es “muy superior” al que reclaman los ahorristas que se opusieron a la pesificación.

La Corte señaló ayer que el rechazo del amparo de Cabrera no implica “juicio alguno” sobre la validez constitucional de la pesificación, según se deduce de los puntos principales del fallo:

# “El actor ha optado por un mecanismo que le permitió desafectar sus depósitos en moneda extranjera de las conocidas restricciones entonces vigentes”.

# “Al no mediar reserva, corresponde considerar extinguida la obligación que pesaba sobre el banco depositario”.

# “Los argumentos del apelante se centraron en afirmaciones referentes a un invocado estado de necesidad que, sin embargo, no ha sido adecuadamente demostrado con elementos probatorios que permitan afirmar que el acto de la aceptación resulte inválido por encontrarse viciada la voluntad del actor”.

En su voto, Fayt recordó lo que dijo en el caso San Luis: “El sometimiento voluntario sin reserva expresa a un régimen jurídico obsta a su ulterior impugnación”.

Boggiano, por su parte, señaló que “esta Corte ha resuelto reiteradamente que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”. Y agregó: “Cabe señalar, de todos modos, que no se advierte que el régimen que afectó la devolución del depósito bancario de dicha parte sea palmariamente arbitrario o ilegal”, y remitió a los argumentos de su disidencia en el caso San Luis.

Vázquez, que votó en contra de la pesificación en los fallos conocidos como Smith y San Luis, rechazó el reclamo de Cabrera pero señaló que “se encuentran a estudio de esta Corte, desde hace más de dos años, miles de amparos mucho más antiguos que el presente y en los que podría resultar aplicable la doctrina establecida” en los casos citados.

Mientras esperan el ingreso de la jueza Carmen Argibay, que demoraría varios meses, la Corte se quedó ahora con la brasa más caliente: la resolución de los amparos de primera generación.

Fuente:www.clarin.com