La compra del edificio mencionado, es objeto de pedido de informes y una denuncia penal por parte del bloque de Pino Solanas.
Otro dato que mueve a sospecha de los distintos sectores políticos, fue que la operación fue aprobada en la última sesión de 2010, el 17 de diciembre, día en que también finalizaba el mandato de seis de los miembros del Consejo. Seis días hábiles más tarde, con asombrosa celeridad, se concretó la operación.
Por otro lado, la Comisión de Justicia que preside Gerardo Ingaramo, también tomó cartas en el asunto solicitando un pedido de informe solicitando cuál fué el monto total de la operación inmobiliaria incluyendo honorarios, gastos, comisiones e impuestos para determinar si coincide con la valuación oficial que en su momento realizó el Banco Ciudad. Conjuntamente se solicitó que se identifique en forma fehaciente quien fue el escribano público interviniente y quien firmó en nombre del Consejo de la Magistratura.