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Presentó a la Justicia un video que expone tolerancia policial con el juego

Según explicó Raffo a este diario, esos lugares son los mismos a los que el juez de Instrucción Osvaldo Barbero envió a efectivos de Asuntos Internos para que chequearan si había alguna actividad ilegal y los operativos tuvieron resultados "negativos".

Veintiséis minutos grabados con una cámara de video y un micrófono camuflados en una lapicera fueron suficientes para que una persona pudiera registrar cómo se realizan apuestas clandestinas en cuatro lugares denunciados ante la Justicia. Esos sitios figuran en la presentación de ocho carillas que el oficial auxiliar Juan José Raffo, de 33 años, hizo el 24 de febrero ante la oficina de Sumarios Administrativos de la Jefatura. En aquella exposición, el policía detalló nombres, montos y direcciones de una maquinaria que permitía recaudar dinero ilegal a las más altas esferas de la fuerza. La causa recayó en manos del juez Barbero, quien hasta el momento nunca llamó al uniformado para que ratifique o amplíe esa denuncia.

En su presentación de febrero, Raffo expuso que fue tentado por sus superiores para participar de la recaudación destinada a la caja negra y que él se negó. Fue después de haber sido pasado a disponibilidad preventiva por estar acusado en cuatro causas generadas en menos de un mes con denunciantes NN y sobre las que no se ofrecieron pruebas concluyentes.

Las imágenes. El CD que contiene las grabaciones realizadas por Raffo en lugares donde se reciben apuestas ilegales fue entregado a la fiscal que entiende en la causa, María Eugenia Iribarren.      

En la primera de las filmaciones, de unos 5 minutos, se ve una persona que llega caminando el 2 de abril pasado a un bar de 27 de Febrero y Sarmiento, saluda y se dirige a un box donde realiza una apuesta en una carrera de caballos. Una escena casi idéntica se captó un día después en un local de 27 de Febrero al 1900. Las restantes filmaciones fueron hechas en locales de quiniela clandestina de Ovidio Lagos y Uriburu y de Gutiérrez al 2700, es decir a dos cuadras de la Jefatura. En ambos casos se ve cómo una persona juega un número pagando "diez pesos a la cabeza".

En las filmaciones no se ven policías recibiendo dinero, que de acuerdo a la denuncia es un episodio que se produce una vez por semana o por mes, pero son lugares -según Raffo- a los que el juez Barbero envió a efectivos de Asuntos Internos para chequear si se recibían apuestas ilegales y las respuestas fueron negativas. Sí se pueden ver nítidamente rostros de personas que reciben dinero y apuntan datos en planillas.

Al respecto, Raffo le dijo a La Capital que "ésta es una forma de demostrar que en la policía, en la Justicia, o en el gobierno, hay alguien que no quiere hacer nada y yo no quiero ser el mentiroso de 2009". Mientras que sus abogados confiaron que, aunque la jurisprudencia permite anticipar que la cámara oculta no servirá como prueba "si muestra que ésto está funcionado y por lo menos hay que ir a ver qué pasa".

Hechos que pesan. En febrero pasado Raffo fue notificado de su pase a disponibilidad por estar acusado en cinco causas, cuatro de ellas generadas en los primeros días de 2009 a partir de llamadas anónimas. La restante es una querella donde se lo imputa por "tráfico de influencias" por el supuesto robo de una puerta en 2006, causa que está a la espera de sentencia.

Según los defensores del policía, José Ferrara y Adrián Ruíz, existe una pericia técnica que da por tierra con la acusación en la causa del supuesto robo. Sobre los otros hechos -infracción a la ley de drogas y enriquecimiento ilícito, entre otras- no se expusieron pruebas contundentes que comprometan a Raffo. Incluso, dos de ellas fueron archivadas por la Justicia. La causa federal nunca se inició. Y el sumario por enriquecimiento ilícito no fue judicializado.

Raffo indicó que las cuatro causas le fueron armadas y que tienen directa relación con su actuación en dos hechos de gran impacto público. Según planteó, su desempeño frustró importantes negocios económicos de ciertos sectores policiales que actuaban en connivencia con el ex líder de la barra de Newell’s, el hasta ayer prófugo Roberto Pimpi Camino (ver página 32). Esto, dijo, le fue recriminado verbalmente por algunos de sus superiores. Y apuntó directamente sobre el subjefe de la regional, Miguel Angel Rodríguez, y sobre el titular de Orden Público, David Benavente. Ambos están de licencia obligada después de que en el marco de la investigación sus casas y sus despachos fueran allanados. También mencionó a varios comisarios de segunda línea y por elevación al jefe de la UR II, Osvaldo Toledo.

El primer suceso fue una emboscada a tiros, el 19 de enero en Grandoli al 4900, en la que asesinaron a Sebastián Galimany, de 22 años, y su amigo Facundo, de 21, resultó gravemente herido. En ese caso Raffo tomó la declaración al sobreviviente del ataque, quien apuntó a uno de los hijos de Pimpi, apodado Chamí, como autor de los disparos.

El otro hecho fue el violento copamiento de las instalaciones de Newell’s en el parque Independencia, el 26 de enero, por parte de unos 50 hombres comandados por Pimpi. En esa ocasión Raffo tomó el testimonio de una agente policial que señaló a los hermanos Camino como líderes de la revuelta.

Hecha pública la denuncia por el manejo de la caja negra, la casa de Raffo fue baleada el primer día hábil de marzo. Veinte días más tarde y a casi un mes de que el oficial presentara su denuncia, el juez Barbero ordenó que Asuntos Internos realizara una serie de allanamientos, que abarcaron varios despachos de Jefatura y los domicilios particulares de un par de oficiales superiores. l

Peso

La fiscal María Eugenia Iribarren, la funcionaria judicial que recibió el video filmado por Raffo, sostuvo ayer que los elementos presentados por el oficial "no alcanzan como para citar siquiera a alguien a indagatoria" y adelantó que en los próximos días se sabrá el peso que el material puede tener en la causa.

 

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