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Procesan a Beliz y le embargan bienes por 100 mil pesos

El ex ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Beliz fue procesado hoy y embargado por cien mil pesos, acusado de desobedecer la orden de un juez neuquino que le reclamó el envío de gendarmes a esa provincia para intervenir en el corte de una ruta nacional, durante una protesta social en setiembre de 2003.

El juez federal Sergio Torres procesó a Beliz por el delito de “desobediencia” y le trabó un embargo de 100.000 pesos sobre sus bienes, aunque el ex funcionario seguirá en libertad porque se trata de un delito excarcelable que prevé de 15 días a un año de prisión.

“Beliz demostró claramente su voluntad de no acatar la orden y optó por ser fiel a su línea estratégica de trabajo”, destacó Torres, en la resolución a la que accedió Télam.

La causa contra Beliz se abrió ante la denuncia del juez federal de Neuquén Antonio Labate, quien aseguró que el ex ministro desoyó una orden suya, del 24 de setiembre de 2003.

Ese día, el magistrado le envió un oficio para que “en su carácter de ministro y en el término de 12 horas dispusiera el envío de todos los medios y recursos necesarios para garantizar la libre circulación de la ruta nacional 22”.

Es que desde el 18 de ese mes 350 docentes, empleados estatales, judiciales, desocupados y militantes del Polo Obrero cortaban el puente que une la ciudad de Neuquén con la localidad rionegrina de Cipoletti.

En su oficio, Labate había solicitado a Beliz que en el término de tres horas le informara sobre las medidas adoptadas, pero el ministro no le respondió argumentando que el pedido “era impreciso” y que, para esa época, Gendarmería se estaba reorganizando en distintos puntos del país.

Labate lo denunció ante la justicia federal y su par porteño Torres entendió en la resolución de hoy que Béliz “estaba en una inmejorable condición de dar debida respuesta a la requisitoria postulada” porque era el ministro de Justicia y Seguridad de la Nación.

Cuando fue indagado, el ex funcionario se defendió y dijo que poco tiempo atrás la presencia “de fuerzas federales había ocasionado conflictos en la provincia, en término de derramamiento de sangre de militantes sociales como Teresa Rodríguez”.

“A raíz de esos y otros tristes episodios, el Gobierno nacional había dispuesto la priorización de los operativos de prevención de la criminalidad en las zonas urbanas, afectando a ese objetivo al personal de Gendarmería”, agregó entonces.

También manifestó que al no enviar a la Gendarmería “obró sin influencia del Presidente de la Nación o de otros ministros, por cuanto respetó una línea estratégica de trabajo que asumía con plena convicción, consciente de que era la mejor respuesta a la situación socio-política que se estaba enfrentando”.

Torres rebatió de plano los argumentos de Beliz, aunque aclaró que el meollo de la causa “no radica en la discusión de la política estatal para dar debida respuesta a los distintos conflictos sociales, ni discurrir acerca de la criminalización de la protesta, sino establecer si existió la orden y si fue o no cumplida por su destinatario”.

Para el juez, “se encuentra acreditado que Beliz desobedeció la orden emanada del juez” y destacó que desde que fue nombrado ministro el 25 de mayo de 2003 “era su competencia entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección de las fuerzas de seguridad”.

Beliz fue despedido por el presidente Néstor Kirchner luego de que el mandatario constará que había policías armados en un cordón de custodia a la Legislatura porteña, a pesar de una orden expresa suya.

Desde que salió del gobierno, Béliz acumuló varias causas en la Justicia, aunque el de hoy fue el primer procesamiento en su contra.

Por ejemplo se lo denunció por violación de secreto a raíz de la difusión en un programa televisivo de la foto de un alto jefe de la SIDE, Antonio Stiusso.

También fue tildado de “irresponsable” en otra causa judicial, abierta tras su renuncia a raíz de sus dichos en torno a una “mafia judicial y policial” que supuestamente quería desplazarlo.

Esta pesquisa fue archivada por falta de pruebas, y el fiscal del caso Gerardo Pollicita, lo criticó duramente por hacer denuncias sin aportar evidencias.

Fuente:www.infobae.com

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