La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifiesta su profunda preocupación por la reforma al régimen contravencional impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Pocos días atrás, el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, presentó públicamente un proyecto de ley que crea un nuevo Código Contravencional con el supuesto objetivo de prevenir los delitos y luchar contra la delincuencia.

La lectura del articulado propuesto permite concluir que se trata de una reforma completamente desvinculada de los principios y garantías que deben regir un estado democrático de derecho, que podría representar un gravísimo retroceso en términos de garantías constitucionales, desconociendo los estándares internacionales más elementales sobre la materia y compromisos asumidos por el estado argentino con la comunidad internacional.

En efecto, el proyecto otorga a las fuerzas de seguridad facultades exorbitantes para detener a las personas, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad como los mendigos y las personas sin hogar (vgr. arts. 64, 65, 67, 69, entre otros), permite el encarcelamiento de las personas por faltas menores, como por ejemplo un simple insulto (art. 75.a), ruidos molestos (art. 76), o el ocultamiento del rostro en la vía pública (art. 80); avanza en la criminalización de la protesta social (arts. 81 y 82); disminuye la edad de imputabilidad a los 14 años (art. 23 b); admite la conversión de la multa en arresto por falta pago, es decir que permite la prisión por deudas de dinero (art. 8 y ss.); y en una manifiesta violación del principio de división de poderes crea la figura del juez contravencional, tratándose de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo por un plazo de 5 años (arts. 115, 160, 161) al que se le da la facultad de imponer penas privativas de la libertad y ordenar allanamientos (art. 139). Aquí la propuesta se aleja completamente de las reglas constitucionales previstas para la designación y remoción de jueces, violando los principios de independencia y estabilidad en el cargo, ; entre muchos otros puntos cuestionables.

En términos generales, el proyecto incorpora numerosos tipos penales abiertos, que definen sin claridad ni precisión suficientes las conductas punibles, dejando márgenes demasiado amplios de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, la reforma propuesta sorprende por su total desconocimiento del compromiso internacional asumido por nuestro país en el conocido caso "Bulacio", en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente cuestionó las prácticas y las normas que facultan a las fuerzas policiales de todo el país a detener personas arbitrariamente sobre la base de la supuesta comisión de contravenciones. En dicho caso, el estado argentino reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a garantizar que no se repitan hechos similares en el futuro, "… adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad…". La propuesta del gobierno bonaerense colisiona de modo frontal con este compromiso.

La presentación de este proyecto, en definitiva, no parece más que una medida efectista que desconoce las graves consecuencias para la libertad y autonomía de las personas que podría generar, e implica una notable regresión en materia de protección de los derechos y garantías individuales, pilares de sociedades democráticas como la nuestra.

Mediante el presente comunicado la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se suma a las manifestaciones de rechazo originadas en distintos ámbitos políticos, académicos y de la sociedad civil, con la firme convicción de que la eventual sanción de este proyecto de ley significaría un grave retroceso para la salud de nuestra democracia y una lamentable amenaza para los derechos y libertades de las personas.