La actividad central  del abogado es la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, amparados por los códigos de fondo, los de rito y la constitución nacional, y su ejercicio cumple con una  importante y relevante función social.

Asimismo, preocupa la posibilidad de que a través de intervenciones telefónicas se pueda vulnerar la posibilidad del correcto ejercicio de la profesión y violentar la confidencialidad entre abogado y cliente. Esto,  puede poner en riesgo el Derecho Constitucional de la Defensa en juicio, todo ello sin perjuicio de la aplicación estricta de la ley en el caso indubitable de existencia de ilícitos, pero sin perder de vista el principio de inocencia.

Por último, deseamos ratificar el concepto de la división de poderes, que es el sustento mismo de la democracia. La defensa de la libertad e imparcialidad del Poder Judicial debe preservarse ajena a todo tipo de intromisiones por parte de otros poderes, de modo que los jueces puedan resolver y decidir con libertad de pensamiento y despojado de presiones, contribuyendo  así a gozar de una sociedad más justa  y transparente.