En un comunicado, los abogados paranaenses advirtieron que “estas conductas perpetradas, al margen de la ley y de las instituciones públicas llamadas a defender la vigencia efectiva de las garantías constitucionales, merecen el repudio absoluto y también la mayor atención de todos los que pretendemos desarrollar nuestra vida como la de nuestras familias, trabajar y construir nuestro destino, en una comunidad organizada bajo el imperio de la ley. Más aun, quienes elegimos la misión de abogar actuar en auxilio de los derechos vulnerados y con el soporte de la norma”.

Además, frente a esos actos “que afectan la sustentabilidad del Estado de Derecho, generan y potencian situaciones de violencia social, conmoción y generalizado desconcierto; nos asumimos como actores responsables en la tarea de contribuir a preservar, procurar y defender el ejercicio de los derechos y garantías rectoras, así como el acceso universal, oportuno y eficaz a la Justicia”.

“Entendemos que tanto las entidades públicas como otras Instituciones involucradas con la defensa de las garantías consagradas, tenemos un compromiso insoslayable con la comunidad, que se expresa en nuestra labor cotidiana apegada al Derecho, sólidamente fundada, honesta y responsable”.

Advierten que “en estos momentos en que la sociedad se siente afligida por la inseguridad y la violencia con que se ejercen algunos hechos, nuestra mayor contribución, indudablemente, tiene que ver con el mantenimiento de la confianza pública en la vigencia de la ley, los procedimientos y los organismos previstos para asegurar su aplicación”.