Hace pocos días se constató que al menos cinco mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Provincial dieron como domicilio legal viviendas cercanas a la casa donde alojaron a la mujer santiagueña, cuya dueña está imputada de integrar una asociación ilícita para facilitar la entrega de niños en adopción, junto a una hermana y el marido.
Con doce imputados y tres detenidos, el expediente del tráfico de bebés que investiga el juez de Instrucción Nº 7, Juan Andrés Donnola, se acerca a una resolución respecto a las responsabilidades penales de los imputados.
Casi vecinas. Pero hace pocos días se sumaron otros elementos. Varias mujeres embarazadas atendidas en el Provincial en 2008 y parte de 2009 aportaron domicilios de la misma manzana (Chacabuco al 3400) donde residían las hermanas Marisa y Graciela Velázquez, quienes facilitaronla llegada de Liz, le dieron alojamiento y después del parto la sacaron del hospital.
Donnola tomó este antecedente con cautela, sin apartarse de las pruebas objetivas.
"Estamos chequeando esa información -se abrió un expediente aparte-, y no quiere decir que esas mujeres tengan vinculación con los imputados. Entramos en una etapa donde restan algunos datos desde Santiago del Estero y del Ministerio de Salud de Santa Fe. A principios o mediados de octubre tendremos una resolución", anticipó el magistrado a La Capital.
Mientras tanto, la semana pasada se otorgó el beneficio del arresto domiciliario a Marisa Velázquez y al ex policía Jorge Peralta, este último encargado del trasladar a Benítez desde Santiago del Estero.
También se indagó al ex jefe de la comisaría de Pinto, Damián Cabrera, y a su mujer, Celia Rodríguez, acusados de encubrimiento. Ambos negaron la imputación y regresaron a Santiago de Estero.
Además, se tomó declaración informativa a dos médicas integrantes del comité de bioética del Provincial, quienes aportaron detalles de los protocolos de trabajo.
En este sentido, el Ministerio de Salud aún debe acercar al juzgado la política de procedimientos médicos, controles y registros que se emplean en los hospitales públicos al recibir y dar el alta a mujeres
embarazadas.
Además, cabe recordar que se encuentra en condición de prófuga una mujer chaqueña que también se alojó en la casa de los Velázquez, y dio a su hijo en adopción.
En la causa también figuran imputados dos abogados, los padres biológicos del bebé y el matrimonio adoptante, todos acusados de "estafa procesal, supresión de estado civil, falsificación de instrumento público y asociación ilícita".
Todo comenzó en abril de este año, cuando una escrito anónimo denunció al juzgado de Familia de Rosario irregularidades en los trámites de guarda para la entrega del hijo de Benítez.
Con más de siete cuerpos, el expediente ahora es minuciosamente estudiado por Donnola, quien sólo aguarda algunas datos para definir la situación de los imputados. l
