Recordemos que el defensor del escribano en cuestión es el mismísimo ex ministro de Justicia Juan Lewis. Éste apunta su estrategia con el objetivo que el escribano continúe el proceso en su domicilio, justificando esta situación, debido al agravamiento de su salud mental desde que está detenido.

Cabe destacar que Aliau se encuentra con prisión preventiva desde el 12 de diciembre. La defensa sostuvo que en las audiencias de octubre cuando se pidió que el acusado no quede detenido, el mismo se estaba atravesando ya un estado de fuerte depresión y angustia desde su separación y además estaba sufriendo una crisis personal ya que había tomado la decisión de abandonar la profesión. Como prueba de esto último se presentó el hecho que el imputado había dejado de pagar la cuota de colegiación al Colegio de Escribanos.

De todas maneras, la estrategia de fondo de Lewis es mostrar que Aliau no era parte de la asociación ilícita que denunció la Fiscalía, debido a que sólo aparece en una de las 6 estafas denunciadas (la del campo de 124 hectáreas en Villa Amelia) y además porque no conoce a ninguno de los otros imputados, salvo al escribano Eduardo Torres, quien sí es un actor central de todos los casos.

La fiscalía apunta a Aliau porque hizo las escrituras sin observaciones de la venta del campo arrebatado (con un poder trucho de mandato de venta de la familia dueña a Juan Aymo que habría realizado Torres) en el pase de manos hacia Roberto de Gaetano y luego hacia Marcelo Jaef y Pablo Abdala.

Pero para la defensa, hay una pregunta central que la fiscalía no puede responder: ¿Cuáles son los indicios en los que fundamentan la intención dolosa y delictiva de Aliau, que es el presupuesto de su participación en la asociación ilícita? ¿Qué el poder de venta sobre el que se hizo la primera operación haya sido trucho es un hecho suficiente para ser parte consciente de la maniobra o es que también él fue engañado. Si es parte de la maniobra, ¿por qué no hay indicio alguno de su participación en las escuchas telefónicas y por qué no recibió una compensación económica?

La hipótesis que baraja la defensa es que Torres necesitaba otro notario para mover el expediente (para darle así vista de legal a la maniobra y porque los documentos que estaba presentando en el Registro de la Propiedad eran puesto bajo la lupa por su prontuario) y encontró en Aliau la persona justa ya que por su estado de angustia y depresión y falta de interés en la profesión no iba a tener las facultades para detectar la maniobra ilícita original de que el campo había sido arrebatado con un poder falso.