El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, que declaró la Emergencia de Seguridad Pública. Medida que puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que la establece.

En declaraciones a Radio Universidad CALF de Neuquén, recordó que el poder Ejecutivo no puede legislar a fuerza de Decreto en materia Penal. Barcesat indicó que el avasallamiento del gobierno Nacional se puede solucionar de dos maneras, por vía judicial y penal. Adelantó que el 1 de febrero impugnarán todos los decretos, porque “no hay uno sólo que sobrepase el control de Constitucionalidad”. “Estos DNU son más que suficiente para enjuiciamiento y remoción por juicio político", sentenció.