El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, explicó hoy a los diputados provinciales que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales las características del proyecto de ley de mediación y brindó detalles sobre su implementación.
Participaron de la reunión la presidenta de la Comisión, Inés Bertero, el vicepresidente, Enrique Marín, y los diputados Alicia Gutiérrez, Raúl Lamberto, Jorge Lagna, Santiago Mascheroni y Adrián Simil.
En la oportunidad, el ministro destacó que este proyecto de ley "implica un profundo cambio en el sistema de resolución de conflictos en la provincia" y señaló que "los distintos sectores involucrados manifestaron que sería importante incorporar la mediación obligatoria en material civil y comercial".
Además, Superti se refirió a las ideas fuerza sobre las que se sustenta ley y enumeró los tres objetivos fundamentales de la norma propuesta: "El primer objetivo es abaratar los costos y reducir los tiempos para resolver los conflictos. El segundo es lograr soluciones que sean más pacificadoras que lo que suelen ser las sentencias judiciales. Y el tercero es aliviar la carga de trabajo del sistema judicial", explicó el titular de la cartera de Justicia.
"Estos objetivos se han propuesto tanto en el proyecto de ley como en el diseño de implementación de la misma", indicó el ministro y señaló que "es importante que todo el mecanismo administrativo a implementar tenga el menor costo posible, la mayor rapidez de respuesta y que alivie al Poder Judicial", puntualizó.
"En el marco del nuevo sistema de resolución de conflictos, toda persona que vaya a iniciar un litigio dentro de los que están contemplados como de mediación obligatoria previamente tiene que poner en marcha este mecanismo, para eso hemos dispuesto a nivel organizativo que este trámite se pueda hacer incluso vía Internet", explicó el ministro e indicó que "la mesa de entradas que recibirá los pedidos y protocolizará los acuerdos estará en el ámbito del Poder Ejecutivo".
Por último, Superti insistió sobre "el diseño económico" del sistema y en este sentido señaló que "según las proyecciones que se han hecho hasta el momento, el sistema funcionando en las cinco circunscripciones tendría un costo total que ronda los 2.500.000 pesos anuales. La carga de trabajo que se pretende aliviar al Tribunal es del orden del 30 por ciento", concluyó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.-
