Es decir que, otra vez, las autoridades rechazaron el reclamo de las empresas contra la devolución del dinero que cobraron en concepto de fondo para servicio universal y califica de “impropios” todos los recursos que interpusieron Telecom Personal, las ex Movicom y Unifón, Nextel y CTI.

Además volvió a ordenarles que devolvieran el monto en debate, que, según cálculos de la Auditoría General de la Nación (AGN), ascendería a $350 millones, acumulados entre el 2001 y el 2004.

Este monto surge de calcular la alícuota del impuesto que era de 1% sobre el monto total de la factura con la cantidad de usuarios a los que se les agregó este cargo entre esos tres años.

La comunicación llegó por medio de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial y que emanó de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) con el número 301/2005. En ella se volvió a aclarar a las empresas que el aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal “es una obligación de aporte de inversión de los prestadores, y en tal carácter no puede ser discriminado en las facturas que los prestadores emiten a sus clientes, ni cobrado a los clientes”.

La misma resolución hace un recuento sobre anteriores normativas dictadas por la SECOM y otros organismos oficiales acerca de los argumentos para reclamar.

En la misma resolución se dejó sin efecto la resolución 2.356 de principios de julio, que intimaba a los prestadores a devolver el dinero en un plazo de 90 días.

En esa resolución también se intimaba a las operadoras a identificar la devolución en las facturas de los clientes y a que, en no más de dos meses, presentaran documentación al organismo de control sobre el monto cobrado, los números de cuentas en los que se registró el cobro y la devolución. Y debían registrar en cuentas contables separadas la devolución según la categoría de los clientes.

En el caso de la orden que ayer emanó de la Secretaría de Comunicaciones, se instruyó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a que volviera a ordenar a las empresas la devolución del dinero.

Se calcula que en unas dos semanas podría ver la luz una resolución aclaratoria de la CNC sobre la manera y los plazos en que deberán cumplir con la orden. Esta nueva resolución reemplaza de hecho a la derogada 2.356.

La decisión del órgano que preside Guillermo Moreno de intimar a las prestadoras se inscribe en el marco de las recomendaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación de que las operadoras deben devolver el dinero cobrado en forma indebida.

De todos modos, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó que no sólo reintegrara el dinero percibido por el Servicio Básico Universal sino que además se hiciera lo mismo con otros cargos similares.

Andrea Catalano

Fuente:www.infobaeprofesional.com