El año pasado fueron denunciados en la Justicia rosarina 96.240 delitos, un cinco por ciento más que en 2003, según estadísticas de la Cámara de Apelaciones de Rosario. La cifra indica que son advertidos diariamente 263 hechos ilícitos, es decir casi once por hora. Los números totales del fuero son más desalentadores al incluir también las contravenciones y las causas abiertas por situaciones que no involucran delitos, como hábeas corpus, amparos y exhortos. En definitiva, los jueces penales debieron lidiar con 107.437 expedientes, un seis por ciento más que en 2003. Durante el año pasado ingresaron a la Justicia penal 294 sumarios por día, es decir 12 por hora. De todas maneras, los niveles de prescripción, desestimación y archivo son altísimos y llegan hasta el 88 por ciento en el caso del fuero Correccional.

Los datos surgieron del relevamiento anual que efectúa el tribunal de alzada sobre los diez juzgados correccionales, los 14 de Instrucción, los tres de Menores, los dos de Faltas y los seis de Sentencia, donde se tramitan los juicios por delitos graves. Además, el informe –analizado la semana pasada, en la última reunión de la Cámara– incluye los guarismos de la oficina NN, donde ingresan todas las causas sin imputados individualizados.

Delitos y faltas

En cuanto al fuero Correccional, que investiga los ilícitos que se sancionan con menor pena, los expedientes nuevos fueron 39.283 contra los 32.813 del anteaño. Este alza revierte la tendencia decreciente que se había dado entre 2003 y 2002, aunque no se llegó al récord del negro 2001, cuando se abrieron 40.446 sumarios en total. Las estadísticas ilustran con elocuencia la imposibilidad del sistema de resolverlo todo, y aún más, de resolver mucho. Durante 2004 se terminaron 33.600 causas correccionales, pero sólo un 12 por ciento con absolución, condena o juicio a prueba. El otro 88 por ciento o prescribió (12.437 casos) o derivó en desestimación y archivo (17.124).

En Instrucción bajó el número de causas ingresadas (13.225 contra 14.010), así como las elevadas a juicio (2.052 contra 2.254). El año terminó con 21 mil casos en trámite, una cifra elevadísima y superior a la de 2003 en un 3,7 por ciento. Todos esos asuntos irresueltos mantenían detenidas a 426 personas que ni siquiera fueron procesadas. Los jueces de Instrucción terminaron durante el año pasado 14.673 expedientes, la mayoría (66 por ciento) desestimados, archivados o prescriptos. En el fuero de Faltas no hubo variación de causas entrantes ni de sentencias dictadas, manteniéndose los datos en 7.338 y 4.213 respectivamente.

Donde sí se registró un alza fue en la oficina NN, a cargo de un fiscal, y donde se amontonan los legajos sin mucha perspectiva. Allí van a parar las denuncias que las víctimas formulan en sede policial o en tribunales, sin poder afirmar el nombre y apellido del sospechoso. Se supone que la dependencia debe procurar la identificación y luego remitir los sumarios a los jueces, pero el año pasado ingresaron 41.035 expedientes (540 más que en 2003), de los cuales quedaban en trámite el 98 por ciento (40.352). Está claro que la infraestructura material y humana de esta repartición no se condice con la cantidad de trabajo que debe afrontar (ver aparte).

Sentencias y menores

También analiza el informe de la Cámara la situación de los juzgados de Sentencia, invocado como “el cuello de botella” del sistema, ya que sólo seis magistrados tramitan los juicios elevados por 14 jueces de Instrucción. El relevamiento demuestra que bajó el número de ingresos (2.343 contra 2.603) y aumentó el de fallos dictados (1.030 en relación a 867). La mayoría fueron condenas, 1.161, en tanto se dictaron 259 absoluciones. Prescribieron 400 pleitos, un 20 por ciento que luce exiguo si se lo compara con los niveles de Correccional e Instrucción. Por otra parte, la suspensión del juicio a prueba se utilizó en una proporción infinitesimal: sólo en dos casos. El 31 de diciembre pasado quedaban sin resolver 6.325 investigaciones, 898 de ellas con personas privadas de libertad. Si se suma este guarismo con el mencionado anteriormente respecto de los juzgados de Instrucción (426 presos), el resultado es de 1.324 detenidos sin sentencia definitiva. Es decir aún inocentes.

Por último, la secretaría penal de los tres juzgados de Menores registró una baja en cuanto al ingreso de causas (6.556 versus 6.862). Debe considerarse que los magistrados tratan además la situación social y civil de los chicos a su disposición. Al finalizar el año había en total 10.885 casos en trámite, que involucraban a 67 adolescentes privados de libertad. Técnicamente no están detenidos ya que los menores son tutelados, a diferencia de los adultos. Pero lo cierto es que el único instituto es el Irar, de Saavedra y Cullen, que cuenta con 31 plazas.

El resto se aloja en dependencias policiales. También los niveles de prescripción son altos en este fuero: el año pasado los jueces terminaron 4.098 expedientes, de los cuales un 45 por ciento (1.872) quedó prescripto.

Cifras, paradojas y ficciones

Los sumarios llamados NN se acumulaban hasta agosto de 2001 en los juzgados, pero desde hace casi cuatro años la Corte Suprema de la provincia creó una repartición especial con el objetivo de descomprimir el fuero, sobre todo en el caso de los delitos más graves. De hecho, la mayoría de los sumarios ingresados a la oficina NN (26.606 sobre 41.035) son de competencia de juzgados de Instrucción.

La repartición empezó recibiendo unos 38 mil expedientes anuales en 2002, cuando remitió 821 a los tribunales de origen y archivó 9.851. En sólo dos años recibió unos 41 mil causas, derivó muchas menos a los juzgados (648) y archivó muchas más: la friolera de 38 mil. ¿Se descomprimió el fuero penal o los expedientes cambiaron de depósito? ¿Cuál es el sentido de que estén en otra oficina si de todas maneras se archivarán? Los números hablan por sí solos.

Asignaturas pendientes y colapso judicial

Los datos que surgen del informe de la Cámara de Apelaciones de Rosario han sufrido modificaciones en los últimos meses, ya que representan una radiografía del sistema al 31 de diciembre de 2004. Más allá de esas pequeñas variaciones, el relevamiento pone en cifras el colapso judicial y “la ola de inseguridad”. Revela asimismo que mientras la infraestructura se mantiene los registros crecen cada año: según estadísticas de la Corte Suprema en 1984 ingresaron al fuero penal 55 mil causas. Durante los años de la democracia esa cifra se duplicó llegando a 107.437, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Cámara.

Más allá del aumento de la población es evidente que la criminalidad se disparó, al tiempo que crece la violencia y la exclusión, transformándose en el espejo de muchas de las asignaturas sociales pendientes.

Encima, estas cifras son “negras”, ya que se estima que entre el 40 y el 50 de los delitos ocurridos no se denuncian a las autoridades policiales o judiciales precisamente por el descreimiento en que el Estado pueda hacer justicia.

Fuente:www.elciudadano.net