El juez de ejecución penal Sergio Delgado se encuentra acusado ante el Consejo de la Magistratura por liberar irregularmente a más de doscientos presos por año, muchos de ellos acusados de delitos tales como violaciones, robos u homicidios. De hecho, la Cámara de Casación Penal revoca gran cantidad de esas sentencias por año, pero cuando el delincuente ya fue puesto en libertad por Delgado.

El fiscal de ejecución Oscar Hermelo, harto no sólo de las irregularidades de que se acusa al magistrado, sino también, según fuentes de la fiscalía, de supuestas maniobras para liberar detenidos sin notificar al Ministerio Público para que no se oponga, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. La instrucción del expediente la lleva la consejera Leila Chaya.

Delgado es el titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y también conduce como subrogante el número 2. El proceso penal funciona judicialmente como un embudo. Los resultados del trabajo de 121 juzgados de instrucción y tribunales orales, entre federales, de instrucción, correccionales y de menores, son controlados por sólo tres juzgados de ejecución. Por eso Delgado concentra un inmenso poder. El 66% de los condenados por todo el andamiaje judicial dependen de él para cumplir sus penas.

Los casos son claramente atemorizantes. El magistrado ordenó la libertad condicional a Hiroyi Peñarda en julio del 2003, un reo condenado a cinco años en octubre del 2001. Peñarda había recibido calificaciones del Consejo Correccional muy bajas en los últimos tres períodos. Conducta mala y concepto malo el primer semestre, y regular en ambos rubros los dos siguientes. El reo por robo en lugar poblado y en banda había sido señalado por un deficiente acatamiento a las normas penitenciarias, y una importante drogodependencia no superada.

Además el informe técnico criminológico negó que cumpla los requisitos para la libertad condicional. Fue dos veces sancionado en celda de aislamiento por incitar a los internos a amotinarse. No obstante, todo ello Delgado lo dejó en libertad, beneficio que revocó la Cámara de Casación.

Otro caso emblemático es el de Manuel Correa Cortez, beneficiado por el régimen de libertad asistida, porque el juez ignoró otra condena pendiente de ejecución en la que el reo había sido condenado en el Juzgado de Transición Nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes. Omitió acumular las penas y lo puso en libertad a sabiendas de la existencia de la causa en el distrito bonaerense. Su fallo también fue revocado en casación.

En la causa de Alberto Heflin, también dio la libertad asistida a un reincidente por cuarta vez, sin verificar las condenas pendientes de cumplimiento que tenía en otras dependencias judiciales.

“De nada sirve cambiar las leyes si el tipo que maneja la ejecución de las condenas deja en libertad caprichosamente a los delincuentes. Antes que la ley hay que cambiar la Justicia”, opinó un camarista de casación.

Fuente:www.infobae.com.ar