Según el magistrado la medida permitirá “coordinar políticas de seguridad específica en el orden local”
Rufino. – En el marco del debate sobre seguridad, el juez de instrucción en lo penal de esta ciudad, Omar Guerra, impulsa la municipalización de la policía. En su opinión esto permitiría coordinar políticas de seguridad específica en el orden local. Además garantizaría un control más eficaz de la labor de esa área, ya que la titularidad de la policía estaría a cargo del intendente, y los integrantes de la fuerza de seguridad no serían extraños llegados desde otras ciudades, sino parte de la comunidad.
Para el magistrado, que se define como garantista, la municipalización de la policía es un sistema ya adoptado en otras partes del mundo. “Esta modalidad genera una concentración de los recursos del Estado lo que redunda en una optimización de los servicios policiales”, explicó. Además dijo que se parte de la idea de que cada comunidad debe tener su propio proyecto de seguridad. “No es lo mismo una ciudad grande que un pueblo, porque la dinámica del delito es distinta”, definió.
Según Guerra, en las grandes concentraciones urbanas se puede dar un secuestro seguido de muerte, mientras que en las pequeñas localidades se dan delitos menores, aunque esto no significa que deben quedar sin resolución. “En este proyecto el jefe de policía es el intendente con lo que se asegura un alto grado de especificidad en las medidas de seguridad”, insistió el juez.
Además, señaló un segundo aspecto como relevante y es la pertenencia del policía a la comunidad. “Si la policía está municipalizada se compromete y se siente parte de lo que pasa, es un vecino más, los demás lo ven en otras actividades cotidianas, no es lo mismo que vengan por dos años de otro lado”, argumentó.
Para el magistrado, esta falta de pertenencia también incide en la labor profesional de la policía. “Al ser de otro lugar no tienen datos sobre el quiñielero, el usurero, el reducidor, el encubridor, hasta tiene que preguntar quién es el datero”, explicó Guerra. Y fue por más, rompió lanzas contra los argumentos a favor de que la rotación de los uniformados evita connivencias non santas.
“Los que critican mi argumento dicen que a los comisarios hay que moverlos para que no se generen tranzas, creo que ese argumento se desmorona porque la propia comunidad sería la encargada de controlarlos”, dijo Guerra. Y acotó que es muy distinta la situación de los agentes que están de paso, “podrían hacer su quintita e irse a otro lado”, disparó.
Según el titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal, si la policía responde al ámbito local, habría un mayor compromiso por parte de la misma hacia la comunidad. Además, podrían realizar toda su carrera profesional en un mismo lugar, lo que genera una mayor pertenencia a la localidad.
Además, señaló que otro elemento positivo que se puede aplicar en el marco de la municipalización policial es concentrar los roles de policía de seguridad y de inspectores de faltas. El juez aclaró que a pesar de que el sistema sea del orden local, respondería a la política de seguridad que instrumente la provincia.
El color local
Según Guerra, un ejemplo de adoptar las medidas de seguridad a cada comunidad lo dan las patrullas urbanas de reciente implementación. “Funcionan de día, hasta las 22, porque están concebidas para controlar delitos típicos de las ciudades, pero en los pueblos los robos se dan de noche”, explicó. Y abogó por una política de seguridad que incluya a todos. “Los sectores más acomodados acceden a la alarma que tiene un abono de $ 50 mensuales, los desprotegidos son los otros”, graficó.
Para Guerra, la clase media que reclama mayor seguridad tiene una cuota de hipocresía. “Se rasga las vestiduras cuando le roban algo pero no dice nada cuando no le dan una boleta y eso es evasión impositiva que se resta a políticas de seguridad y de salud”, enfatizó. “Me entusiasma que la comunidad tome como propio el tema de la seguridad porque eso ayuda a encontrar soluciones”, dijo el juez. Y acotó que hay que tener en claro que la pobreza puede generar falta de valores y de ahí al delito hay un paso.
Además, relató una reflexión que escuchó y que asumió como cierta “mientras algunos chicos a las ocho de la noche están bañados y cenando, otros están pidiendo monedas en las calles, si esto no cambia, no se resuelve el problema”, comentó.
Para Guerra el endurecimiento de las penas no resuelve el problema de la inseguridad. “Hay que entender la lógica del delito, el que delinque no piensa en la pena”, aseguró. Además ratificó su posición de garantista. “No quiero gente en prisión preventiva, quiero gente condenada, a los cuatro o cinco meses el expediente está resuelto, hay que buscar medidas de seguridad para que esté en libertad hasta que se lo condene no puede haber procesos de dos años”, describió.
Silvia Carafa / La Capital
Fuente:www.lacapital.com.ar