Ninguno de los tres tiene trabajo, al igual que el resto de los integrantes de sus familias. Son muy pobres y marginados. Juntos asaltaron una ferretería en Caballito, ataron al dueño y escaparon con la recaudación y con mercadería. Pero los atraparon y su caso llegó a juicio. Ahora un tribunal oral les dictó sentencia: les impuso poco más de la pena mínima prevista para el delito que cometieron —6 años—, porque consideró como atenuante la desocupación que padecen.
“Los tres son personas jóvenes que sufren problemas económicos y de desempleo. Sus núcleos familiares padecen problemas del mismo orden y, en el caso de dos de ellos, sufren dificultades de integración”, dice el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6, al que Clarín tuvo acceso. Los jueces —Ricardo Rongo, Leonardo de Martini y Guillermo Yacobucci— también tuvieron en cuenta que ninguno tenía antecedentes penales.
“Son instruidos y, si bien aparecen como solteros, dos de ellos tienen actualmente pareja estable e hijos menores”, agrega la sentencia, a la que se llegó mediante el procedimiento de juicio abreviado. Esto es, que la fiscal Diana Goral y la defensa acordaron la pena a cambio de la confesión de los imputados. El rol del tribunal fue convalidar el acuerdo y fundamentar la sentencia.
El asalto se produjo el 29 de octubre de 2002. En la mañana de ese día, César Armando Braverman (23), Guillermo Gonzalo Soria (20) y Hernán Aguilera Bally (19) entraron a la ferretería que queda en Juan Bautista Alberdi 4283. Simularon ser clientes y le preguntaron al dueño, Hugo De Biase, por una cinta de embalaje.
En cuanto se sintieron seguros, uno de los tres jóvenes sacó un revólver calibre 22 largo y amenazó al dueño. Sus cómplices lo empujaron al suelo y, con la cinta de embalaje que estaban mirando, lo ataron de pies y manos.
Enseguida vaciaron la caja —había 343 pesos, 50 patacones y 10 Lecops— y recogieron algunas herramientas que estaban en venta: un criquet, una palanca, llaves, un taladro, una hidrolavadora y una amoladora. También agarraron el teléfono celular del ferretero y escaparon.
A unos metros de la ferretería, tomaron un taxi Renault 9. Le pidieron al chofer que los llevara hacia avenida Cruz y Escalada, en Villa Soldati, donde vivía uno de ellos. Pero tuvieron mala suerte.
En el camino, a la altura de Eva Perón 2.600, un motociclista de la Federal decidió hacer parar el taxi porque le pareció sospechoso. Hizo bajar a los pasajeros, revisó el auto y encontró el revólver escondido bajo el asiento trasero. Eso, sumado a las herramientas, lo decidió a detenerlos.
El acuerdo judicial para que recibieran la condena a seis años de prisión por “robo con armas y tenencia ilegal de arma” —delito que tiene una pena de 5 a 15 años de cárcel— se cerró en mayo. El tribunal no les dio el mínimo porque consideró que, al mismo tiempo que existía el atenuante de la desocupación, también había agravantes: la cantidad de intervinientes en el asalto, la forma en que ataron a la víctima y “la violencia y fuerza” empleada.
El fallo ya fue confirmado por la Cámara del Crimen. “Nosotros tenemos la obligación de considerar los atenuantes”, indicó a Clarín uno de los integrantes del Tribunal Oral Nº 6. “No es lo mismo que yo salga a robar a que lo haga un desocupado. Es como cuando un padre tiene que ponerle la penitencia al hijo: considera si el chico le contó lo que hizo o no, y si se arrepintió. Acá pasa lo mismo”, concluyó.
Fuente: www.clarin.com
