El 23 de septiembre de este año, el Fiscal de Estado Jorge Barraguirre firmó el dictamen 347, al cual Nacional Santa Fe tuvo acceso, mediante el cual le responde a "la Dra. María Angélica Gastaldi", quien "solicita asesoramiento sobre la posibilidad de contratar con la Provincia de Santa Fe como dadora de la locación de un inmueble de su propiedad dado su carácter de integrante de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe".
Barraguirre, entonces, explica que es competencia suya contestar a la inquietud ya que "las autoridades superiores podrán requerir la opinión de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico y aún de Fiscalía de Estado, en actuaciones que no estuvieren expresamente comprendidas en los alcances de las disposiciones precedentes o no pudieren entenderse razonablemente implícitas en las mismas, cuando lo estimaren conveniente para mejor resolver la cuestión planteada y debiendo fundar en todos los casos la excepción".
Y continúa: "Sin perjucio de ello, adquiere particular relevancia el tema en análisis en orden al efectivo cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio de Colaboración y Asistencia para la puesta en funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe celebrado el 12 de abril de 2011 entre dicho organismo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia".
Luego de un extenso análisis, que inclue citas de los Código Civil, de Comercio e Iberoamericano de Ética Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia, y la Declaración de Bangalore sobre la conducta judicial, el Fiscal de Estado dictamina: "no alcanza a advertirse la situación de potencial conflicto de interés que tendría la suscripción del contrato propuesto, más allá de las eventuales disputas en que intervendrá la Defensoría General ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Sin embargo, tales conflictos pueden ser solucionados en forma individual y tomando en consideración la consulta efectuada que, honrando el principio de transparencia, echa luz suficiente sobre la relación entre la magistrada suprema y la nueva Defensoría".