Tal como dos semanas después sucediera también con los senadores, lo hicieron convencidos de que estaban legislando sólo sobre los “servicios de comunicaciones móviles”.

Así, el proyecto original, avalado por el Ejecutivo como parte de las medidas concebidas para frenar la ola de secuestros extorsivos, fundamentaba que los celulares eran frecuentemente utilizados por las bandas organizadas como herramienta para cometer esos ilícitos.

Aprobado cuatro meses antes que ocurriera el “caso Blumberg”, la norma luego fue complementada con sucesivas regulaciones sobre el mercado de la telefonía celular. Sin embargo -amén de que la reglamentación recién se obtuvo casi un año después-, el alcance que le dio el Ejecutivo a la sanción del Congreso fue mucho más allá, al punto de prácticamente cambiar su objeto original.

José María Díaz Bancalari, jefe del bloque justicialista en Diputados, presentó el proyecto por mesa de entradas el 15 de julio de 2003. Fue analizado por la Comisión de “Comunicaciones e Informática” de esa Cámara y sancionado con algunos cambios el 26 de noviembre de ese año.

“Se refería exclusivamente a la obligación de las empresas prestadoras de servicios de telefonía, ya sea fija o móvil, de contar con los recursos técnicos para que, a pedido de las autoridades, se pudiera ubicar fehacientemente al usuario de un teléfono que estuviera utilizándose para un delito, relató Díaz Bancalari a Infobae. “No tenía de ningún modo que ver con una invasión a la privacidad”, agrega. “Se aprobó por unanimidad, ya que la única disidencia (de la radical entrerriana Gracia Jaroslavsky) se levantó a último momento”, recordó.

Luego pasó al Senado, donde lo analizaron las comisiones de “Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de Expresión” y de “Justicia y Asuntos Penales” de esa Cámara en las dos semanas subsiguientes. Con dictamen de ambas comisiones, se sometió a votación “sobre tablas” (por no contar con los siete días reglamentarios) desde el dictamen, y se aprobó a mano alzada.

Fuente:www.infobae.com