Los solicitantes de asilo, que podrían ser verdaderos refugiados que huyen del conflicto, fueron detenidos cuando trataban de registrarse ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el organismo internacional encargado de proteger a los refugiados. Desde su detención e inicial reclusión en la comisaría de policía de Brickfields, han sido trasladados por las autoridades malasias al campo de detención de Langkap, ubicado en el estado de Perak. No se les ha brindado la oportunidad de que sus peticiones de asilo sean evaluadas.
«Devolver a estas personas sin determinar si se trata de refugiados, violaría tanto el espíritu como la letra del derecho internacional», dice Amnistía Internacional. «Estamos hablando de personas muy vulnerables, que pueden haber huido de Nanggroe Aceh Darussalam por temor a perder la vida. Devolverlas sin el debido proceso violaría la obligación más básica de la protección internacional al refugiado», añade la organización.
El principio de no devolución, que prohíbe la devolución forzada de una persona a un país en el que podría ser objeto de graves abusos, es un principio del derecho internacional consuetudinario y vinculante para todos los Estados. Los derechos de las personas que buscan asilo están contemplados también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aplica a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
Según las informaciones, las conversaciones entre el gobierno de Malasia y el ACNUR proseguían. Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Malasia a no devolver al resto de los solicitantes de asilo y a respetar las normas internacionales en materia de refugiados. Refiriéndose a la preocupación que ha suscitado la detención y las condiciones de reclusión, la organización ha solicitado al gobierno de Malasia que dé el primer paso y conceda al ACNUR pleno acceso a las personas detenidas. «Es una oportunidad para que el gobierno de Malasia demuestre que es capaz de proteger a la personas que huyen de la persecución. Malasia está en una buena situación para hacer esto cooperando con el ACNUR y otros miembros de la comunidad internacional», concluye Amnistía Internacional.
Información adicional
La situación de derechos humanos en Nanggroe Aceh Darussalam, resultado del conflicto armado entre las fuerzas de seguridad indonesias y el Movimiento Aceh Libre o GAM (Gerakan Aceh Merdeka), preocupa desde hace tiempo a Amnistía Internacional. La situación ha empeorado de forma significativa desde que el gobierno de Indonesia declaró el estado de excepción militar en esta provincia el pasado 19 de mayo. Los militares aseguran que han dado muerte a más de 800 miembros del GAM. Sin embargo, los informes de otras fuentes indican que entre los muertos hay civiles, incluso niños. Más de 1.700 personas han sido al parecer detenidas o se han rendido a los militares o la policía. La mayoría de los detenidos no han tenido acceso al mundo exterior y se teme que puedan torturarlos o someterlos a otras violaciones graves de los derechos humanos. Decenas de miles han quedado desplazados en el interior del país durante el conflicto.
Su situación es aún peor debido a que se niega el acceso de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y se ponen obstáculos al trabajo de los observadores independientes de derechos humanos. También se acusa al GAM de cometer abusos contra los derechos humanos, como homicidios, secuestros e incendios de escuelas.
Fuente: www.a-i.es