Mientras atendían esas 464.108 causas nuevas, más las que arrastraban de años anteriores, los jueces de la provincia produjeron 63.800 sentencias. La cifra representó un leve descenso respecto a la producción del año anterior, cuando sacaron 64.371 fallos en el mismo lapso.

La cantidad de conflictos que la sociedad traslada a la Justicia no para de crecer y su aumento es más geométrico que matemático. En 1984, se iniciaron en todos los juzgados de la provincia 199.564 causas. Diez años después ya había superado las 300 mil, y hoy araña las 465 mil. Las proyecciones más optimistas sostienen que en tres años ingresarán a los tribunales unas 500 mil causas por año, y las más sombrías creen que eso ocurrirá incluso antes.

La masa de expedientes que se tramitan es tan grande que no hay manera de calcular cuántas causas ocupan la atención de los magistrados provinciales. Los estantes de los juzgados están desvencijados por el peso de miles y miles de fojas que se acumulan a la espera de una resolución. Y detrás de cada uno de esos expedientes hay un conflicto que involucra a personas, cientos de personas para las que la Justicia muchas veces llega tarde, a veces fatalmente tarde.

En Rosario la situación es parecida. Es más: en los tribunales de la ciudad hay más causas pendientes de resolución que en Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto o cualquier otra ciudad, por la sencilla razón de que aquí habitan muchas más personas que en cualquiera de esas u otras sedes judiciales. El problema es que la estructura para hacer frente a esa demanda es la misma hace años, y que muchas veces la buena voluntad o la laboriosidad de los jueces ya no alcanza para producir lo que la sociedad espera de ellos.

El año pasado se abrieron en los tribunales de Rosario 257.356 causas nuevas. La cifra representa más del doble de las que se iniciaron en 15 años antes. Pero en ese lapso no se crearon nuevos juzgados, ni se modificó la estructura de los existentes, para hacer frente a semejante demanda. Los resultados están a la vista: la Justicia provincial muchas veces es criticada, no tanto por supuestos casos de corrupción y mucho menos de situaciones escandalosas, como las que se dan en otros sitios, pero sí por su ineficacia para brindarle una solución a los conflictos que plantea una sociedad en bancarrota, sin códigos y vapuleada por males como la desocupación, la violencia doméstica, la inseguridad y tantos otros.

En medio de este panorama, lo peor es que no parece que alguien esté pensando soluciones de fondo y a largo plazo para estos problemas. Y si alguien lo está haciendo, su tarea no se ve ni se traduce en cambios a favor de la gente, que necesita un servicio de justicia eficiente y ejecutivo, no uno pesado como una maquinaria vieja. Un ejemplo es que en Rosario hay apenas seis juzgados de sentencia (son los que hacen el juicio penal) desde 1977, y que el aumento de la criminalidad y los delitos ya los desbordaron hace mucho tiempo. Más que jueces, estos hombres tendrían que ser magos para producir la cantidad de fallos que de ellos se espera. Esa imposibilidad de hacer frente a la cantidad de causas que se amontonan en sus escritorios es lo que irrita a la gente común, al hombre de la calle, a las víctimas de los delitos que todos los días saturan las crónicas policiales.

Lo mismo podría decirse de los jueces civiles y comerciales, de los magistrados de Menores, de los Laborales, de los de Faltas, de los de Familia. Así como está, el sistema no da más y es evidente que hacen falta soluciones de fondo. Quiénes, cuándo y cómo deberían encontrarlas es un debate que la sociedad santafesina se debe a sí misma desde hace mucho tiempo.

Fuente: Jorge Salum / Diario La Capital