Vale esta aclaración, ya que esta actividad está restringida en cambio para los arrendatarios beneficiados en la última licitación realizada por el gobierno entrerriano para la explotación de lotes fiscales, los cuales sólo pueden ser utilizados para la ganadería, apicultura y turismo.

Uno de esos proyectos aún sin avances es el presentado en 2004 por el diputado victoriense Carlos Almada, el cual ordena "en las islas existentes sobre el río Paraná y sus adyacentes, ubicadas dentro de la jurisdicción provincial en el área que comprende el predelta entrerriano, la utilización de todo tipo de plaguicidas y productos químicos de efecto residual, sean de baja o alta toxicidad".

Otro claro ejemplo del vacío u olvido provincial en ese sentido es la sanción en 1995 de la ley Nº 8.967 y su ampliación más tarde a través de la Nº 9.718, que declaran como área natural protegida a islas de diversos departamentos como Gualeguaychú, Uruguay e Ibicuy, pero no incluyen a las de Victoria.