A poco más de 20 años del asesinato de Enriquito Imhoff, sus familiares y un grupo de abogados presentaron ayer una solicitud en los Tribunales federales de Rosario para que se investigue el caso y se castigue a los culpables, en el marco de la lucha por la verdad histórica de los crímenes cometidos por la última dictadura. El niño tenía un año y medio cuando, el 22 de mayo de 1983, falleció como consecuencia de los golpes de karate que recibió de los represores que ingresaron a la casa de la víctima en momentos que no estaban sus padres. Les había franqueado el paso la empleada doméstica de la familia, Marcela Santillán.

El hecho fue juzgado como un delito común –y se castigó a Santillán–, pese a que se trató de un crimen político, habida cuenta de la militancia de los padres del menor, Jorge Imhoff y Graciela Benedetto. El asesinato de Enriquito fue una de las últimas “señales” que dejó el régimen militar en Rosario, donde unos días antes de lo sucedido a la familia Imhoff habían matado a los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi en la puerta del bar Magnum, ubicado en calle Córdoba.

Ayer se presentó un escrito en los Tribunales federales –quedó radicado en el juzgado en turno Nº1, secretaría número 1, a cargo de Germán Sutter Schneider– para que se investigue el crimen de Enriquito. La solicitud lleva la firma de los padres de la víctima, de los abogados Ricardo Molinas, Marcelo Lesgart, Juan Roberto Coria y Amílcar Monti; de Norma Ríos, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y de Juan Basso, por la agrupación Hijos.

Frente a los Tribunales se congregaron numerosos militantes sociales, en especial de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido Comunista Revolucionario (PCR). En esta última fuerza militan desde hace décadas Jorge Imhoff y Graciela Benedetto.

Todo el horror de la dictadura

Los padres de Enriquito nunca tuvieron dudas de que se trató de un crimen político. Es que inexplicablemente el niño falleció de un golpe interno que le seccionó por completo el intestino delgado, algo que sólo puede ocurrir por un accidente de extrema gravedad, situación que no había experimentado el menor. Y, para salir de toda duda, apenas 24 horas después del fallecimiento fuerzas represivas ingresaron en la casa de los Imhoff –cuando no había nadie de la familia– y dejaron una huella macabra: sobre la cama matrimonial estaban acomodados los juguetes que el chico tenía guardados en un estante de su habitación.

Pese a esto, y a las reiteradas amenazas recibidas en los días siguientes, el caso fue para la Justicia un delito común y se condenó a Santillán. Sin embargo, siempre existió la sospecha de que esta mujer fue utilizada por el ex servicio de inteligencia Walter Pagano, con quien supuestamente tenía una relación afectiva.

Sobre este punto, en 1986 un ex miembro de los servicios de inteligencia conocido como Gustavo Bueno contó ante organismos de derechos humanos que Pagano lo había amenazado diciéndole que lo iba a matar “de un certero golpe de karate, como había hecho con el hijo del doctor Imhoff”.

Luego, Bueno llevó esta denuncia ante el entonces fiscal Julio Strassera, quien en diciembre de 1986 presentó esa información al fiscal federal de Rosario Armando Frávega. Pero, poco después se sancionó la ley de punto final, que impidió la posibilidad de juzgar a los represores.

Hoy, el caso –que la familia de Enriquito nunca dejó de impulsar– cobra fuerza con los antecedentes judiciales respecto de la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, que ahora deberá revisar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.