Cuando la representación institucional se convierte en instrumento político. Una denuncia profunda sobre el vaciamiento ético y político del Colegio de Abogados de Rosario. Doble representación, déficit millonario, falta de independencia y una conducción partidaria que desnaturaliza la función gremial.

En un contexto donde la imagen de la abogacía debería ser sinónimo de equilibrio, mesura y compromiso con el Estado de Derecho, el Colegio de Abogados de Rosario atraviesa una crisis profunda. Una crisis que no es solo financiera o administrativa, sino esencialmente moral y ética. Y en el centro de esta situación se encuentra su presidente, el Dr. Lucas Galdeano.

Una representación que traiciona su origen

Elegido para ejercer la conducción gremial de la abogacía rosarina, el Dr. Galdeano juró su cargo bajo el estatuto institucional y el Código de Ética profesional, que exige neutralidad política, independencia y pleno respeto por los valores republicanos.

Sin embargo, desde principios de este año –concretamente desde los meses de enero y febrero de 2025– ya se encontraba activamente involucrado en el proceso político partidario, participando en reuniones, actos y negociaciones vinculadas a su precandidatura como convencional constituyente por una fuerza política determinada.

Fue oficialmente proclamado candidato y luego electo en abril, y actualmente ocupa una banca en la Convención Constituyente provincial, sin haber solicitado licencia, ni transparentado su situación ante el Directorio, ni mucho menos haber consultado a los matriculados que lo eligieron para una función gremial, no política.

No fue electo para representar intereses partidarios ni para impulsar reformas constitucionales que exceden el mandato que recibió. Al hacerlo, ha desvirtuado la confianza depositada por quienes creyeron estar votando a un defensor del gremio, no a un operador político.

Esta doble representación –gremial y política– no solo vulnera principios éticos fundamentales, sino que constituye un claro ejemplo de incompatibilidad funcional y moral.

Ética y deber de abstención: una norma ignorada

La Norma 10ª del Código de Ética establece con claridad que el abogado debe abstenerse de ejercer la profesión cuando ocupe cargos que comprometan su independencia o impliquen un aprovechamiento político de su función.

“El abogado legislador o político deberá señalarse por una cautela muy especial, preocupándose en todo momento de evitar que cualquier actitud o expresión suya puedan ser interpretadas como tendientes a aprovechar su influencia política o su situación excepcional como mandatario popular.”

Nada de ello se ha observado. Por el contrario, la participación del Dr. Galdeano en la Convención Constituyente ha sido funcional a un proyecto político cuyo eje central es la reelección indefinida del gobernador. Un propósito tan alejado de la abogacía como incompatible con los valores del Colegio que preside.

Déficit, opacidad y ausencia de gestión

A esta situación se suma un preocupante deterioro institucional. El Colegio presenta un déficit superior a los 300 millones de pesos según propio estado contable, cuotas elevadas que asfixian a los profesionales, y un panorama de desgestión gremial evidente.

Se cerró el Jardín Familiar por un capricho ideológico. Se presentaron listas digitadas ante el Consejo de la Magistratura sin acta ni debate previo. Se celebró un acuerdo laboral por más de 90 millones de pesos, sin mostrar hasta el día de hoy como se hizo el calculo.

Y todo esto bajo el silencio de una conducción que ha convertido la discrecionalidad en norma y la opacidad en política.

Una institución inmovilizada por conveniencia personal

La participación activa del presidente del Colegio de Rosario en una estructura partidaria genera una consecuencia directa e inevitable: el Colegio de Abogados de Rosario ha quedado inutilizado como actor gremial independiente.

Su capacidad de incidencia ante los poderes del Estado se ha visto neutralizada por una lógica de subordinación política. El Colegio, que debería alzar la voz por los derechos de los abogados y por el fortalecimiento del sistema de justicia, ha sido reducido a un rol pasivo, complaciente y alineado con decisiones externas.

No es que no pueda actuar: es que no le conviene hacerlo a quien hoy lo conduce. La institución ha quedado subordinada a la conveniencia de una sola persona.

¿Representación gremial o construcción política?

Además de su rol en el Colegio, el Dr. Galdeano figura como personal de planta de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Su cargo –formalmente asesor– parece difícil de compatibilizar con sus múltiples funciones actuales, lo que genera un legítimo interrogante sobre el uso del tiempo y los recursos públicos.

Todo ello configura un escenario en el cual los límites entre la gestión gremial, la actividad partidaria y la administración pública se encuentran peligrosamente desdibujados.

Una advertencia que excede a Rosario

Este modelo de conducción partidizada, desconectada del gremio y ajena a las verdaderas necesidades de la matrícula, ha generado una crisis de legitimidad que trasciende lo local.

Como consecuencia directa de este tipo de prácticas, el Poder Ejecutivo Nacional ha impulsado recientemente un proyecto que elimina la obligatoriedad de matriculación en los Colegios profesionales, proponiendo en su lugar un Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

El proyecto implica la supresión de las cuotas obligatorias y la transformación de los Colegios en meras entidades administrativas. En otras palabras, pone en jaque la razón de ser de las instituciones colegiadas.

Y lo hace en un contexto donde los propios Colegios, en lugar de ser la primera línea de defensa de la profesión, se encuentran debilitados por la falta de transparencia, la connivencia con el poder político y el descrédito social.

Una oportunidad para repensar el rumbo

La sociedad espera que las instituciones profesionales sean garantes de valores éticos, autonomía e imparcialidad. Que sean ejemplo de conducta cívica, no herramientas electorales.

Hoy, el Colegio de Abogados de Rosario ha extraviado ese camino. No es lo que la abogacía necesita ni lo que la ciudadanía merece.

Es hora de recuperar la dignidad institucional, restablecer la confianza y recordar que la representación gremial no es un peldaño hacia el poder, sino un compromiso con la justicia, el bien común y la ética profesional.