Con el fin de “abolir los obstáculos legales que consagran la impunidad”, según su propia resolución, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral declaró ayer la inconstitucionalidad de dos de los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem. La medida se refiere a seis militares: tres ya fallecidos, dos actualmente presos por otros motivos y uno cuya detención se aguardaba anoche.
La decisión corresponde a una causa sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar. Y se basa fundamentalmente en que los tratados internacionales de derechos humanos, que en el país tienen jerarquía constitucional, no admiten que delitos de tanta gravedad, imprescriptibles, queden sin condena.
La decisión del juez será apelada y terminará en la Corte Suprema, donde también estudian la validez de las leyes del perdón.
Con citas que van desde el filósofo griego Anaximandro de Mileto hasta el constitucionalista local Germán Bidart Campos, el juez sostuvo que los indultos no están “exentos de control judicial”, por más que sean una facultad exclusiva del presidente. La posición fue saludada por Néstor Kirchner y ya generó polémica. Los defensores de los militares adelantaron que van a apelar ante la Cámara Federal.
El primero de los decretos declarados inconstitucionales es el 1.002/89. En su momento, había favorecido a todos los jefes militares que no habían entrado en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuladas el año pasado por el Congreso. Entre los imputados en la causa del Primer Cuerpo, ahora se quedan sin ese perdón presidencial los generales fallecidos José Montes, Andrés Ferrero y Adolfo Sigwald; Juan Bautista Sasiaiñ, preso por el robo de bebés, y Jorge Olivera Rovere, cuya detención fue pedida al Ministerio de Defensa.
Este militar, que hasta 1977 fue el segundo jefe del Primer Cuerpo, volverá a la cárcel luego de seis meses. Había sido detenido a fines de julio por orden del español Baltasar Garzón, que reclamaba su extradición y la de otros 40 represores. El encargado de efectivizar ese pedido había sido, casualmente, Canicoba Corral.
El segundo decreto al que ayer se privó de efectos es el 2.746/90. Tuvo un único beneficiado: Guillermo Suárez Mason, preso por sustracción de menores. Suarez Mason, Sasiaiñ y Olivera Rovere empezarán a ser investigados por los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad.
Esta llamada causa 450 —por el número que tenía en la Cámara Federal hasta que las leyes del perdón la dejaron frenada— es una de las megainvestigaciones reactivadas el año pasado. Las otras dos tratan sobre crímenes cometidos en la ESMA y en la provincia de Buenos Aires. Sólo en la del Primer Cuerpo, hay una veintena de represores presos, como Juan Antonio Del Cerro y Julio Simón.
El pedido de inconstitucionalidad de los indultos lo habían solicitado los fiscales del caso, Eduardo Freiler y Federico Delgado. La decisión de Canicoba tiene como único antecedente una resolución similar de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que la Corte Suprema dejó sin efecto en los años noventa.
Puntualmente, el Tribunal bahiense había declarado la invalidez de los indultos a procesados, distinguiendo su situación de las personas ya condenadas. Canicoba Corral reiteró este criterio, porque los seis indultados a los que él se refirió tampoco habían llegado a recibir una condena. Sin embargo, fue más allá: “Con el indulto —destacó— se arrebata a las víctimas lo poco que les queda: la posibilidad de conocer qué pasó, cómo pasó y quién es el responsable”.
La resolución habla de una “política de impunidad” y de una “renuncia a la verdad” del Estado argentino. Se remonta hasta el gobernador Juan Manuel de Rosas, y desemboca en el levantamiento carapintada de Semana Santa.
El próximo capítulo de esta megacausa se escribirá el lunes, cuando —esposado— Olivera Rovere sea llevado a declarar.
Fuente:www.clarin.com
