En medio de una crisis institucional que salpica a los sectores políticos y judiciales prácticamente por igual, el Consejo de la Magistratura (un mix de ambos) está en el ojo de la tormenta.

Concebido en la reforma constitucional de 1994 para garantizar el correcto funcionamiento y la transparencia del Poder Judicial, entre las funciones del Consejo de la Magistratura figuran las nada fáciles tareas de seleccionar a los magistrados, acusarlos y definir cada año el presupuesto judicial.

Pero a medida que se multiplican las acusaciones y denuncias contra los jueces, al punto que es cada vez más habitual encontrar noticias sobre jueces imputados por la justicia, es el rol acusatorio del Consejo el que se pone en el centro de las miradas de los ciudadanos, el gobierno, los funcionarios judiciales y hasta los propios consejeros.

Entre esas miradas, una de las mas críticas proviene de la ONG Poder Ciudadano, que desde 1998 monitorea en forma permanente las actividades del Consejo y le achaca demoras injustificadas en el tratamiento de las denuncias, dificultades en el acceso a la información y falta de ejercicio en la atención a los ciudadanos.

Justicia lenta no es justicia

La actual Comisión de Acusación, presidida por el diputado radical Juan Minguez e integrada por el senador Jorge Yoma, los diputados María Lelia Chaya, Jorge Casanovas y Marcela Rodriguez, y los abogados Beinusz Smukler y Luis Pereira Duarte, tiene a su cargo la investigación de 132 denuncias contra unos 90 magistrados. El expediente más antiguo data de 1998, el año en que comenzó a funcionar la Institución.

Cada expediente, cuando entra en la Comisión, es asignado por sorteo a un consejero que será el “informante”, encargado de reunir toda la información necesaria para llegar a un dictamen. En algunos casos, por la complejidad de la denuncia el expediente puede ser llevado por toda la Comisión.

No existe ninguna normativa que regule un plazo máximo para la instrucción de

los expedientes en la comisión, pero sí es relevante que quien esté a cargo de la investigación tome medidas para llegar a una resolución fundada para el dictamen que deba elevar la comisión. En ese sentido, el monitoreo de Poder Ciudadano revela que existen algunos expedientes con más de dos años de antigüedad que no tienen ninguna medida pedida.

“La demora injustificada de la resolución de los expedientes atenta contra la independencia del poder judicial y contra la debida administración de justicia. Si el juez denunciado es inocente, su expediente debe ser resuelto para que no se vea perjudicado su nombre y para que los justiciables no duden del magistrado que debe resolver su causa”, señala Maria Julia Pérez Tort, del Área Acción por la Justicia de Poder Ciudadano.

Coincide el consejero Eduardo Orio, integrante de las Comisiones de Reglamentación y Selección. “No se puede tener a un juez demorado tanto tiempo con la incertidumbre sobre su situación, el juez está intranquilo y eso le quita eficacia a su trabajo. Y si el juez denunciado es responsable del hecho que se le imputa no debe seguir impartiendo justicia”.

Los consejeros que integran la Comisión de Acusación resisten los embates aunque no niegan las demoras en la tramitación de los juicios y aseguran que es un tema que debe solucionarse. Pero incluso dentro de la misma Comisión, las opiniones sobre las formas de encarar el problema están divididas.

Mientras un grupo de consejeros, liderados por Jorge Yoma, impulsa un polémico proyecto para incorporar la figura de la caducidad de instancia al procedimiento de la acusación (mecanismo que ya está previsto para el procedimiento de disciplina), Juan Jesús Mínguez, actual presidente de la Comisión de Acusación, dice: “no estoy de acuerdo con la caducidad de instancia porque el proceso de investigación debe ser agotado, no podemos permitir que por la posible inacción o demora procesal, un magistrado quede libre de culpa”.

“Hay un período de caducidad en Disciplina que es de dos años desde que ocurre el hecho. Lo que planteamos recientemente en un plenario es una disidencia sobre la interpretación del art. 28 del reglamento de disciplina porque el período de caducidad debe ser a partir de la toma de conocimiento del Consejo, porque o sino ese plazo juega a favor del acusado”, continúa el diputado radical.

Poder Ciudadano lidera la oposición al proyecto y en ese sentido María Julia Pérez Tort es más que contundente: “sería muy grave institucionalmente si el proyecto de caducidad de instancia prosperara ya que podría impedir que se investiguen las denuncias y de ahí a la impunidad el camino es muy corto”.

¿Público o secreto?

El debate entre lo que debe ser público y lo que debe mantenerse reservado para conservar un cierto grado de confidencialidad en las actuaciones ante el Consejo tampoco es un tema resuelto.

“El carácter público de la información de la Comisión de Acusación es la garantía que tiene el ciudadano de constatar un funcionamiento transparente y democrático por parte del órgano acusatorio del Consejo”, dice el informe de monitoreo de Poder Ciudadano.

“Resulta innecesario recordar que el potencial acto delictual de los magistrados funcionarios se produce en ejercicio del cargo público, por lo que su análisis debe enmarcarse en un contexto público de discusión”, concluye el informe luego de relatar las peripecias por las que debieron pasar los voluntarios de la ONG para consultar los expedientes que, por reglamento, son públicos.

“Se debe poder acceder a una lista de los expedientes. El Consejo debe publicar en Internet los expedientes que se encuentran en trámite, quién es el consejero responsable y en qué fecha se le dio entrada; se debe crear una mesa de entradas para la atención al público y publicar en la página de Internet información estadística acerca de la Comisión de Acusación”, advierte el informe.

El diputado Mínguez no sólo acusa recibo de esas demandas sino que también las reivindica. “Nos vamos a ocupar de chequear cómo funciona el acceso a la información de las actividades de la comisión, y si se actualiza o no la información en el sitio de Internet del Consejo. Eso es un reclamo legítimo y lo vamos a plantear en la proxima reunión de plenario. Si hubiera demoras voy a pedir que se instruya para la actualización cotidiana del sitio de Internet”.

“Esto no es una fábrica de zapatos”

Desde su creación, en 1998, ingresaron a la Comisión de Acusación más de 600 denuncias contra 294 jueces. Según estadísticas de la Comisión, 500 denuncias fueron desestimadas y 14 expedientes recibieron dictamen acusatorio.

Los resultados fueron disímiles. Cuatro jueces renunciaron en cuanto se instruyeron sus denuncias (Ruda Bart, Morris Dloogatz, Liporaci y Lona) y otros cinco fueron destituidos (Brusa, Leiva, Marquevich, Murature y Torres Nieto). En tanto las denuncias contra Bustos Fierro, Favier Dubois y Luis Torres fueron desestimadas. Está pendiente el caso contra el juez Tiscornia que recibió dictamen acusatorio con mayoría simple de la Comisión y ahora el expediente debe ser tratado por el Plenario.

Pero el problema no es cuantitativo, coinciden las partes. “Esto no es una fábrica de zapatos que produce en serie. La cantidad no necesariamente determina la calidad. Estos no son juicios sumarios, son procesos donde buscamos preservar no sólo el debido proceso sino también el derecho de defensa, donde juzgamos la conducta e inconducta de los jueces”, afirma el consejero Mínguez.

Para Poder Ciudadano, el parámetro de éxito de la labor acusatoria del Consejo tampoco pasa por los números. “No le sirve a nadie que acusen a un montón de jueces si el proceso está lleno de irregularidades que generan un manto de sospecha sobre el trabajo acusatorio del Consejo”, señalan en la ONG que impulsa un proyecto para que se pueda sancionar a aquellos los consejeros que durante cierto tiempo no instruyan los expedientes que se les asigna.

Jueces en problemas

Ni bien termine la feria judicial, el próximo semestre será de plena acción en el Consejo ya que muchas acusaciones de larga data deberían quedar al fin definidas y el trabajo de la Comisión de Acusación volverá a ponerse en el centro de la escena.

En el caso del Juez Sergio Delgado, el magistrado espera que un golpe de suerte lo acompañe cuando el 5 de agosto próximo sea juzgada su situación, bastante comprometida.

Delgado es uno de los tres magistrados de Ejecución Penal que se ocupa de

supervisar las condenas de por lo menos 2100 reclusos repartidos en cárceles

federales y tiene en su haber un cúmulo importante de expedientes donde se lo acusa de otorgar la liberación irregular a unos 350 delincuentes, entre los que se encontraba el jefe de la banda de secuestradores, Arquímedes Puccio.

Según el fiscal Oscar Hermelo, quien accionó contra Delgado, “al menos 70 presos, cuya liberación fue dispuesta por el magistrado, volvieron a ser detenidos acusados de varios delitos”.

Las cosas también podrían ponerse turbulentas para el Juez Federal Claudio Bonadío, quien intenta por todos los medios subsistir a la tempestad de un juicio político que le viene pisando los talones. La imputación en la que se ve enredado data de Octubre de 2003, cuando la Cámara Federal lo acusó de mal desempeño en sus funciones luego de disponer la libertad de los jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, a quienes Bonadío había puesto en prisión. Bonadío había determinado su culpabilidad por ser “partícipes necesarios del homicidio calificado y la privación ilegal de la libertad” que sufrieron miembros de la organización Montoneros en 1979/80”.

Pero el avance del caso puso a Bonadío contra las cuerdas cuando la Cámara Federal revió la causa y determinó la falta de fundamentos para aquellas detenciones.

Otro escándalo con el que deberá lidiar el Consejo tiene como protagonista al Juez Comercial Eduardo Favier Dubois. A principios de año pesaba sobre el magistrado un pedido de juicio político por supuesto mal desempeño y habrá que ver que cómo termina la cuestión porque a pesar de haber quedado sin efecto el dictamen acusatorio, su expediente pasó a la Comisión de Disciplina para que se investigaran algunas irregularidades que, según trascendió, sucedían en el Juzgado Comercial Nº 9.

Fuente:www.infobaeprofesional.com