Desde el año 2001 se investiga en la justicia federal un hecho de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y peculado, a partir de una auditoría realizada sobre la gestión del habilitado entre enero de 1997 y febrero del año 2000.

Por esa causa resultó procesado Armando Meabe, en un proceso de instrucción comandado por el juez federal Reynaldo Rodríguez, al tiempo que actualmente la causa se encuentra en manos de los jueces del Tribunal Oral Federal.

Sin embargo y a pesar de que la instrucción ya llegó a su fin, el fiscal de la causa solicitó en su momento que se profundice la investigación en lo que respecta a la supuesta responsabilidad de los superiores de Meabe.

El desfalco, de unos 90 mil pesos aproximadamente, sólo pudo concretarse a partir de la autorización y firma de quienes durante ese tiempo ocuparon la presidencia del Tribunal Oral Federal.

Por ese motivo, el titular del ministerio público, Dr. Alejandro Luengo, solicitó bajo los lineamientos del artículo 262 del Código Penal que el hecho sea investigado.

El citado artículo hace referencia a quien por acción, omisión, negligencia o impericia permitiera la sustracción de caudales públicos y en este caso está podría estar vinculado a la falta de control y autorización de gastos que terminaron siendo fraudulentos.

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