Hubo irregularidades en la provisión del sistema informático de la ex entidad estatal.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario resolvió declarar admisible el recurso de apelación presentado por el fiscal Danilo Imhoff a principios del mes pasado contra la prescripción de la causa IBM-Banco de Santa Fe, por lo cual los jueces del tribunal decidieron elevar las actuaciones a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que deberá definir si continúan o no las actuaciones. El fallo salió por decisión dividida, ya que los jueces camaristas Ernesto Pangia y Eduardo Sorrentino votaron a favor del pase a la Corte y Alberto Bernardini votó en contra. Desde la Corte se había manifestado gran preocupación por la prescripción no sólo de esta causa sino también de otros expedientes vinculados a casos de corrupción como el de Fibraca y el caso Vanrell.
“Por el momento estamos hablando de la causa de Carlos Schillagi, uno de los imputados, pero su caso es muy similar al del resto de los acusados. Ante los pedidos de la fiscalía hemos decidido que sea la Corte Suprema de la provincia quien evalué el caso. De aquí en más, si el máximo organismo de Justicia de Santa Fe decide revocar la declaración de prescripción se seguirá adelante con la causa; en caso contrario no. Con nuestro fallo nosotros entendimos esta vez que en un caso tan álgido y de envergadura como el de IBM lo más prudente es que se expida la Suprema Corte; la cuestión pasa fundamentalmente por abrir el abanico”, explicó Pangia a El Ciudadano.
La causa IBM-Banco de Santa Fe fue iniciada hace once años con el objetivo de investigar las presuntas irregularidades de una licitación que ganó IBM Argentina en 1991 para proveer equipamiento informático a le entidad crediticia, que en esa época pertenecía al Estado provincial. La denuncia cuestionaba tanto la instalación de equipos “no necesarios” para el funcionamiento del sistema bancario como el “direccionamiento de la concesión”. Los procesados son, además de Schillagi, propietario de la firma que suministró los equipos, el ex presidente del banco Nicolás Baclini, el ex vicepresidente de IBM Argentina Gustavo Soriani, el ex gerente de la sucursal Rosario, Juan Mongini y la directiva de Consad, la empresa proveedora de software, Liliana Almozny. La denuncia fue realizada por la comisión gremial interna del banco y en el 96 las irregularidades quedaron al descubierto tras una auditoría que comprobó “correspondencias entre los cambios de la licitación y las sugerencias de IBM”.
La prescripción de la causa obedece a la ley 25.590 promulgada en el Congreso de la Nación a principios de año y que modificó el régimen de archivo de expedientes. La misma, aprobada en tiempo récord y en el más absoluto hermetismo, indica que la prescripción se interrumpe sólo por la comisión de otro delito, por el llamado a prestar declaración indagatoria, por la citación a juicio o por el dictado de condena.
El caso IBM-Banco de Santa Fe no es el único en esta situación. Lo mismo pasó con otras causas emblemáticas de corrupción como la de Fibraca, en la cual un juzgado santafesino dictó en mayo, tras 21años de trámite, el sobreseimiento de los siete imputados por cohecho, entre los representantes de esa empresa –ex concesionaria municipal de mantenimiento de los espacios verdes– y dos ex concejales rosarinos. La investigación de lo que fue un bochorno político quedó en la nada.
Por otra parte, hace diez días se conoció la prescripción, tras quince años, del escándalo que involucró al ex vicegobernador Antonio Vanrell en la compra de juguetes a empresas fantasmas. En la causa se investigaron posibles compras fraudulentas, falsificaciones de documentos, peculado y asociación ilícita. La misma prescribió y fue cerrada tras conjugarse una serie de mecanismos legales y jurídicos como la antedicha reforma introducida en el Congreso de la Nación, sumado todo esto a las largas demoras en las investigaciones que se iniciaron en abril de 1990.
Fuente:www.elciudadano.net
