Las víctimas de la maniobra denunciada son un hombre y una mujer de unos 60 años, con serios problemas de salud, que salieron a contar su historia luego de leer en La Capital del 23 de febrero detalles sobre una causa que investiga el juez de Instrucción Juan José Pazos y que demuestra serias irregularidades en el Registro de la Propiedad (ver aparte). Para la pareja, existe allí una verdadera "banda" que opera desde las sombras y, aunque prefiere preservar sus nombres, exhibió toda la documentación acumulada durante un derrotero que los llevó a un callejón sin salida.

El inicio. Todo arrancó a comienzos de 2006 cuando la pareja vendió dos lotes ubicados en la zona de Brassey y Wilde, cerca de la parroquia Cristo Rey de Fisherton. El valor de las dos parcelas fue fijado en 22 mil dólares y en pocos días apareció un interesado que ofertó 20.200 de la moneda norteamericana. La operación quedó pactada de la siguiente forma: el comprador debía entregar una seña de 8 mil dólares en el momento de la firma del boleto de compra venta y el resto al momento de la escrituración definitiva.

Toda la compra se hizo con una inmobiliaria de por medio. Luego de firmar el boleto, el comprador le pidió al matrimonio las escrituras para realizar los chequeos de rigor en ese tipo de transacciones en el Registro de la Propiedad. "No tuvimos inconvenientes, pero le dimos fotocopias para que pudieran hacer ese trámite y no perder los originales", contó a La Capital Irene, con los documentos frente a ella. Poco después apareció un inconveniente.

Doble función.

De acuerdo al informe del Registro, las escrituras presentaban un error. Una porción de los terrenos habían sido donados por los primeros dueños a la Municipalidad de Rosario para ser destinados a espacios verdes. Esa salvedad debía constar en lo que se denomina "escritura adicional". Irene y su marido, sorprendidos por algo de lo que no estaban al tanto, decidieron investigar.

A todo esto, el comprador de los terrenos les reclamó por la mora en la que lo hicieron incurrir al no poderse escriturar la propiedad y por eso les inició un juicio que recayó en el juzgado Civil y Comercial a cargo Graciela Abraham. Mientras tanto, la pareja realizó una presentación en el Registro para que el inconveniente sea reparado, pero tropezaron con innumerables inconvenientes y el cruce de información confirmó que el abogado patrocinante del comprador trabaja en una sección clave de ese organismo.

"Nos están trabando todo para poder avanzar en el juicio", explicó la mujer. "Es llamativo. El abogado que rechazó las escrituras trabaja en la relatoría del Registro y representa al comprador. Es juez y parte. Ese profesional impide que la escritura vaya donde tiene que ir para ser subsanada, haciendo uso y abuso de su cargo", remarcó Irene, quien prefiere reservar el nombre del profesional para aportarlo al iniciar la demanda penal por daños y perjuicios.

Es que durante el tiempo que pasó la pérdida económica fue importante para la pareja. De los 20.200 dólares sólo cobraron 8 mil y deberán afrontar las costas del juicio. Sin contar el aumento que tuvieron todas las propiedades en estos tiempos de boom inmobiliario.