El Consejo de la Magistratura tiene paralizado, desde hace más de un año, el concurso para cubrir las vacantes en dos juzgados porteños del fuero federal criminal, en el que se investigan las principales causas de corrupción.

El expediente no tuvo un solo movimiento en 13 meses y ahora el kirchnerismo propone anular todo el proceso basado en que se vencieron los plazos y en que la mayoría de los candidatos obtuvo calificaciones muy bajas en la prueba escrita (de los 33 aspirantes, más de la mitad no llegó a un cuatro). Tiene una dificultad: a pedido del Consejo, tres juristas de primer nivel revisaron los exámenes y dijeron que la tarea de los evaluadores había sido intachable.

Se trata de un concurso de gran sensibilidad política. No sólo porque están en juego los juzgados más poderosos del país, sino también porque sentará un precedente.

Este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la facultad de designar a la mitad de los integrantes de la Cámara Federal porteña (renunciaron tres camaristas en el último año y medio) y a tres de los doce jueces federales (en paralelo con el concurso frenado, se abrió otro para reemplazar a Guillermo Montenegro, que dejo la justicia para incorporarse al gabinete de Mauricio Macri en la ciudad). Hace años que no se daba una renovación semejante en la justicia federal.

El concurso conflictivo es el más viejo que tiene por resolver el Consejo y se inició en agosto de 2005, cuando Juan José Galeano fue destituido. Para que el juzgado no quedara acéfalo, mientras se elegía a su sucesor, los consejeros nombraron un subrogante: Octavio Aráoz de Lamadrid. Hoy, lleva dos años y medio al frente del tribunal.

El es uno de los concursantes para ser el titular del juzgado, pero obtuvo un 1 en el examen escrito y quedó en el puesto 23 del concurso. El kirchnerismo, el bloque fuerte del Consejo, está conforme con su labor. "Está haciendo un buen trabajo", afirmó la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Selección.

Ella adelantó a LA NACION que promoverá la anulación del concurso. No es una idea novedosa. El diputado Carlos Kunkel lo había intentado el año pasado. "El planteo es anularlo. Pasó demasiado tiempo y la mayoría de las calificaciones de los concursantes fue horrible", explicó Conti. Para ella, el dictamen de los jurados que avalaron las correcciones no es un impedimento. "No es vinculante", afirmó.

Cargos en la Cámara

Pero éste no es el único concurso lleno de reprobados. El de la Cámara Federal porteña tuvo resultados aun peores: de los 16 concursantes, 14 sacaron menos de cuatro.

Los dos que aprobaron fueron Eduardo Farah, actual subrogante en la Cámara, y el juez federal Jorge Ballestero. Sin embargo, en este caso se resolvió que no era necesario recurrir a consultores técnicos.

En el concurso de los juzgados federales, el dictamen de revisión lo realizaron los juristas Julio Maier, Gustavo Mitchell y Carlos Lascano, que debían analizar si había existido arbitrariedad en la evaluación. Su respuesta fue un no rotundo.

Ellos dijeron que la corrección del examen -que consistía en resolver dos casos- había sido casi perfecta en cuanto a precisión y rigor. Lascano y Maier agregaron que el "alto cargo" por el que se concursaba exigía experiencia y grandes conocimientos. Advirtieron, además, que si se hacía lugar a ese tipo de impugnaciones se llegaría al "desprestigio de los concursos" y a que sólo aceptaran ser jurados "personas de menor valor, acerca de las cuales pueda expresarse ab initio que no molestarán".

Este dictamen fue presentado el 14 de febrero de 2007 y ese mismo día se entregó una copia a la subcomisión creada para informar a los demás consejeros sobre las impugnaciones, que está integrada por Kunkel y por el juez Luis María Bunge Campos.

Pasó un año, y todavía no informaron nada. "No se ponen de acuerdo", confió un funcionario del Consejo, que dijo que Bunge Campos no estaba dispuesto a firmar la nulidad.

En agosto pasado, pareció que el caso se destrababa. La subcomisión había redactado un predictamen, que recomendaba respetar el orden de mérito original en este concurso.

Estaba primero el juez de Lomas de Zamora Daniel Petrone (con un ocho en el examen). Aunque no renunció a este concurso, está casi afuera. Mientras esperaba una definición, fue elegido juez en lo penal económico. Cubrirá la vacante del juzgado, que investiga la causa de la valija de Guido Antonini Wilson.

Quedó segundo el fiscal Ignacio Rodríguez Varela (siete, en el examen escrito) y, tercero, el secretario de la Cámara Federal Marcelo Martínez de Giorgi (6,5). El es quien subroga actualmente el juzgado, que ocupaba Jorge Urso.

Fuentes del Consejo relataron que el predictamen estaba firmado, pero no llegó a tratarse, porque la subcomisión lo retiró antes.

Nada de esto quedó reflejado en el expediente, que es público. LA NACION accedió a él luego de presentar un pedido por escrito, al que accedió en el día Conti, presidente de la Comisión de Selección.

"No sabemos qué es lo que está pasando", dijo Pablo Mosca, representante de los abogados y presidente del Consejo hasta diciembre.

"Es preocupante -sostuvo- que haya semejante demora para cubrir dos juzgados federales de tanta trascendencia. Pese a que los abogados no integramos la Comisión de Selección, hemos planteado el tema, pero no tuvimos respuesta."