Con este fallo, la Sala 1 se sumó a otros tribunales que declararon la "inconstitucionalidad" del artículo 14 de la ley 23.737, que reprime el delito de tenencia para "uso personal", con penas de un mes a dos años de prisión.

El tribunal provincial subrayó que la tenencia para consumo personal es una "acción protegida por el derecho a la privacidad, que es el basamento de las libertades civiles".

No criminalizar. "Criminalizar el daño que alguien eventualmente se produzca a sí mismo, como en el caso de consumo de drogas, significa la asunción estatal de un criterio paternalista autoritario que, por regla, resulta ajeno al principio de autonomía de la persona", dijeron los magistrados Benjamín Sal Llargués, Carlos Natiello y Horacio Piombo.

El tribunal argumentó que "al penalizar al simple tenedor para consumo personal, el Estado adiciona a su problema de drogadicción la criminalización, insertándolo en el sistema penal, creándole un antecedente que muy probablemente lo etiquete y lo perjudique en su futuro provocando, eventualmente, su estigmatización".

Los jueces resolvieron así la situación de un joven que fue detenido en la vía pública con 0,4 gramo de marihuana en su poder.

Tras puntualizar que la tenencia de esa cantidad de droga "no causa riesgo o daño concreto a la salud pública", los magistrados sostuvieron que "el quántum incautado revela a todas luces la motivación del tenedor", es decir el consumo personal.

A los perejiles. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, explicó en varias oportunidades que la futura legislación buscará beneficiar a los "perejiles", que son detenidos por consumir, mientras que los narcotraficantes que "traen la basura" permanecen en libertad.

La iniciativa oficial apunta a derogar la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes, independientemente de si son destinadas al consumo personal o tráfico.

No obstante, el proyecto terminará de formularse después de cotejar los resultados de una encuesta sobre hábitos de consumo de marihuana y cocaína, que realizan médicos, abogados y jueces.

Ayer, Fernández presentó las "recomendaciones" para "no criminalizar" la tenencia. En esas sugerencias se plantea que la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal "estigmatiza al adicto transformándolo, para la sociedad, en un delincuente marginal y lo aleja del acceso a los sistemas de salud, a la educación sanitaria sobre el uso de estupefacientes".

Sin embargo, el proyecto oficial recibió críticas, inclusive desde organismo oficiales como el Comité Científico de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, cuyos funcionarios reclamaron participar del debate a fin de evitar que cualquier modificación a la ley vigente se realice mediante "un decretazo".

Desde la Iglesia también lamentaron que "en lugar de tolerar las drogas, no se ponga mayor énfasis en el tratamiento de los consumidores y en la captura de traficantes y productores". (DyN)