El procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal a raíz de su decisión de restringir las facultades de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sánchez Kalbermatten, con el patrocinio legal del abogado Rafael Díaz Flaque, por la presunta comisión de los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de tratados concluidos con naciones extranjeras y presumible cohecho y tráfico de influencias judiciales".

La presentación quedó pendiente de sorteo en la Cámara Federal, informaron fuentes judiciales. Para los denunciantes, hubo una "proscripción del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, para participar en lo sucesivo en causas que involucren corrupción de funcionarios".

Además, acusaron a Righi de hacer una "arbitraria y estrecha interpretación de la Ley Orgánica del Ministerio Público".

Según sostuvieron, la finalidad de la resolución es "la exclusiva finalidad, políticamente impartida, de impedir que se investiguen causas de corrupción y por consiguiente permitir el afianzamiento de la impunidad".

"Va de contramano con cualquier política de transparencia, y colisiona de manera directa con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina", aseguró Kalbermatten.

En la denuncia, agregó que esa decisión "encuentra explicación en el avance de numerosas causas de corrupción que afectan a integrantes del gabinete y funcionarios de la administración del matrimonio gobernante, y persigue como exclusiva finalidad el cierre silencioso de las mismas".