La ilegalidad que reviste la iniciativa reside en que la empresa construyó unos 20 kilómetros de terraplenes para cerrar y secar cursos de agua y lagunas, plantar y fumigar sobre 10 mil hectáreas, sin medir el impacto en el ecosistema. Todo esto sin pedir autorización alguna a la Municipalidad de Victoria, que tiene jurisdicción sobre los terrenos.

Sin embargo, en un principio tomó intervención el área de Recursos Naturales de la provincia que, ni bien recibió las actas de constatación labradas por personal policial y municipal a mediados del año pasado, instó a la firma a detener las obras, sin resultado alguno.

La burocracia administrativa, con sus estrictos plazos, que aún corren y se estancan en evaluaciones y dictámenes de distintas áreas y reparticiones, favoreció en definitiva el libre desarrollo de esta actividad. Finalmente, funcionarios de Recursos Naturales reconocieron que el gobierno no cuenta con las herramientas legales para frenar el emprendimiento, salvo por la prohibición de cortar o modificar cursos de agua, lo cual podría influir al momento de aplicar sanciones.

Marco legal. En tanto, el Concejo de Victoria sancionó por unanimidad la semana pasada una ordenanza instando a la Intendencia a que tome cartas en el asunto en virtud que esta ciudad amplió su ejido hacia el humedal y por ende tiene competencia en el asunto. Además, la comuna posee las normas necesarias para determinar la ilegalidad de la iniciativa, como el propio plan de ordenamiento urbano que reglamenta el uso y explotación de la zona de islas, clasificada como "suelo litoral 3".

Asimismo, el municipio declaró en 2003 a su jurisdicción insular como área natural protegida, y se expidió sobre la necesidad de preservar esta porción del delta.

Por otra parte, en la misma ordenanza, los ediles pidieron al intendente César Garcilazo que dé urgente intervención a la Justicia a través de una denuncia o presentando un amparo ambiental (basándose en la ley 9.032) para que se suspenda la siembra y cosecha y se derriben los terraplenes.

"Hay que hacer una patriada para que se cumplan nuestras reglas y sentar un precedente, porque no vamos a permitir que avasallen nuestras tierras", expresó Angélica Chada, concejala por el bloque Juan Carlos Stratta y autora de la ordenanza. "Estamos protegiendo y defendiendo el medio ambiente. Si bien esas tierras son propiedad de la empresa holandesa, el derecho de dominio no es absoluto. No pueden, por más propietarios que sean, hacer lo que se les antoje en perjuicio del ecosistema; hay ordenanzas que se deben cumplir", enfatizó la edila.