Una Comisión provincial de Apoyo a los Juicios por delitos de lesa humanidad que se realicen en el fuero federal quedó constituida en la provincia de Santa Fe tras la firma de un decreto por el gobernador Hermes Binner.
El organismo funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humano y tendrá entre sus funciones prestar tareas de apoyo, colaboración y articulación entre la provincia, la justicia federal y las municipalidades donde se tramitan las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado, es decir Rosario, Santa Fe y Reconquista.

De acuerdo a lo informado por el gobierno provincial a través de un comunicado de prensa, la Comisión será presidida por la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, y coordinada por el director de programas de Derechos Humanos, Oscar Blando.

El decreto (N° 461) establece que el espacio estará integrado por representantes de los distintos Ministerios del Poder Ejecutivo que deseen incorporarse e invita a sumarse a las Municipalidades donde se tramitan los juicios y a la vicegobernadora de la provincia, Griselda Tessio. Además, la creación de la Comisión será comunicada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al procurador general de la Nación y, a través de ellos, a las instancias respectivas de los órganos jurisdiccionales federales que correspondan.

En la provincia existen actualmente importantes causas que se tramitan por delitos de lesa humanidad y genocidio, por ejemplo "Brusa, Víctor y otros" y "Barcos Horacio" en Santa Fe y "Jordana Testoni" -conocida como ex Fábrica Militar Domingo Matheu-, "Guerrieri, Pascual y otros" -conocida como Quinta de Funes-, así como la emblemática causa Feced en Rosario.

En los considerandos del decreto se apunta que "existen diversos inconvenientes derivados de la constitución definitiva de los tribunales orales -según reconocimiento expreso de las propias autoridades judiciales-, al igual que otros asociados a cuestiones edilicias o de infraestructura; a saber: carencia de salas de audiencias adecuadas, medios tecnológicos, etcétera, que entre otros efectos pueden ocasionar riesgos para los testigos y querellantes". De allí, la necesidad de generar esta comisión que brinde apoyo.

Durante este año se estima que en el país, unos 101 respresores serán juzgados en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.