Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados comenzará a tratar mañana tres proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo para avanzar en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra, una iniciativa para crear un nuevo Banco Nacional de Datos Genéticos.

En una reunión de las comisiones de Legislación Penal, Derechos Humanos y Presupuesto, que se realizará a partir de las 15,30, los legisladores buscarán tratar además otra iniciativa para regular la participación de las organizaciones sociales como partes querellantes en procesos por violación de derechos humanos.

El Banco Nacional de Datos Genéticos, que reemplazará al creado en 1987, permitirá la incorporación de nuevas tecnologías a las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. La creación de este organismo posibilitó hasta el momento y dio certeza científica al reconocimiento de 95 niños secuestrados y apropiados y permitió además devolverles su identidad aunque es necesaria la adecuación de diferentes cuestiones, lo cual se propone en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Desde su creación, y como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, el Hospital Carlos Durand donde funciona hasta ahora el organismo, quedó en la órbita de la ciudad de Buenos Aires y, por eso, es necesario establecerlo como órgano nacional y ubicarlo en la esfera del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Justicia.

Otro de los proyectos, en tanto, es el que busca reglar los procedimientos para hacer los estudios de ADN y contempla la posibilidad de realizar otras medidas "menos lesivas" para asegurar el pleno goce los derechos de las personas como "la extracción de muestras mínimas de sangre, saliva, piel y cabello".

En ese sentido, en los fundamentos del proyecto se sostiene que el Estado tiene "el deber jurídico" de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos "a fin de identificar a los responsables de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación".

En tanto, la participación de las organizaciones como querellantes en delitos de lesa humanidad había sido reclamada por Abuelas de Plaza de Mayo, luego de que en junio pasado la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal impidió a los Organismos de Derechos Humanos ser querellantes en la causa ESMA. "Esto cercena nuestra razón de ser. De acá en más los organismos no van a poder denunciar las violaciones a los derechos humanos. Estamos frente a una institucionalización de la impunidad", aseguró la titular de Abuelas, Estela Carlotto en esa oportunidad.

Si bien numerosos países reconocen a las asociaciones intermedias con facultad de querellar, la intención del proyecto es establecer formalmente esta legitimación a las organizaciones y contribuir de esa manera al cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en la materia.

En ese sentido, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, nieta recuperada número 78 por Abuelas, destacó la importancia de la medida, al sostener que permitirá "reglar la realización de los estudios de ADN para que no se produzcan situaciones traumáticas en la búsqueda de la identidad". Se trata de un reclamo de las Abuelas de Plaza de Mayo "que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo", así como la necesidad de permitir la participación de las organizaciones en las querellas "porque la decisión de excluirlas mostró que lo que no está regulado en una norma deja un vacío legal", afirmó Donda.

"Creemos que es importante que se sancionen estas leyes", aseveró la legisladora del bloque Encuentro Popular y Social a Télam, al sostener que esa iniciativa es fundamental "para avanzar en las causas que están aún pendientes en la Justicia".

Estas iniciativas fueron enviadas al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien formuló el anuncio semanas atrás en el marco de un homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse el 30 aniversario de su histórica visita al país en plena dictadura.