El juez federal Julián Ercolini ordenó nuevas medidas de prueba en el caso por presunta asociación ilícita contra el matrimonio presidencial y funcionarios de su entorno. Avanzará con una de las principales denuncias incluidas en esta megacausa: la de irregularidades en la ejecución de un multimillonario fideicomiso con Venezuela.

Según La Nación el juez pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores una prueba que podría ser clave. Es el cable diplomático identificado como CAEVEVE N° 10097, enviado a la Cancillería en 2005 por Alberto Sad>ous, funcionario de carrera designado embajador en Venezuela durante el gobierno de Eduardo Duhalde. De acuerdo con la denuncia, en esa comunicación Sadous advertía que había detectado la falta de 90 millones de dólares del fideicomiso que los gobiernos de Argentina y Venezuela mantenían en el banco UBS de Nueva York; hablaba de "corrupción" y decía que esta situación afectaba "seriamente la relación" entre ambos países.

El cable es de enero de 2005. A las pocas semanas, Sadous dejó Venezuela. Dos meses después, un decreto de Néstor Kirchner designó en su lugar a Nilda Garré.

El cable describía la supuesta maniobra fraudulenta. Decía, según lo denunciado, que los 90 millones salieron del fideicomiso, volvieron a Venezuela, se vendieron en el mercado negro del dólar, se recompraron en el oficial y alguien se quedó con la diferencia: 13 millones de dólares.
Uberti

El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, pidió que se investigara, además, si Claudio Uberti tiene responsabilidad en esta maniobra. Uberti era el titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y si bien formalmente nada tenía que ver con Venezuela, funcionaba como una suerte de embajador en las sombras. En este expediente, está acusado de haber llamado al agregado comercial en Caracas Alberto Alvarez Tufillo para que le comunicara a Sadous que dejara de meterse en el asunto.

El fideicomiso investigado había sido creado en 2004 para que el dinero que el gobierno de Kirchner pagaba a Venezuela por la importación de combustible fuera destinado a comprar bienes industriales argentinos.

La resolución de Ercolini que ordena pedir el cable a Cancillería es del 5 de octubre, pero se conoció ayer.

Dispone además la producción de otras pruebas, tales como un pedido para que la Aduana remita toda la información sobre las empresas argentinas que exportaron a Venezuela en el marco del fideicomiso y un requerimiento al Ministerio de Planificación para que aporte los datos sobre la cuenta bancaria donde estaban depositados los fondos.

Todas estas medidas habían sido solicitadas por el fiscal del caso a fines de septiembre. El fiscal pidió además a Ercolini que citara a declarar como testigos a Sadous y a Alvarez Tufillo. Pero el juez no planea hacerlo; al menos, no por el momento. Primero, quiere tener en su poder el cable CAEVEVE N° 10097, informó a LA NACION un funcionario que interviene en la investigación.

En relación con el fideicomiso, se investigan además otras dos denuncias: una que dice que se contrató a Ascensores Servas, una empresa que tiene varios antecedentes de incumplimientos con el Estado que le impedirían ser contratista, y otra que sostiene que se cobraban coimas a las compañías argentinas que querían participar del negocio. Pero la causa de Ercolini tiene un objeto más amplio. Investiga si "empresas amigas" fueron beneficiadas con la concesión de obras públicas, el manejo de áreas petroleras y la explotación del juego.