Este Colegio de Abogados viene haciéndose eco de tal clamor popular e, incluso, como vocero de sus propios colegiados que, en carne propia, han sufrido el flagelo de la agresión e inseguridad en el ejercicio de su profesión.
La seguridad, como valor jurídico, es fundante de la justicia misma, a punto tal que muchas instituciones jurídicas, ante el conflicto entre justicia y seguridad, dan prevalencia a ésta pues, sin seguridad, la justicia se desnaturaliza.
Mas tal deplorable situación no autoriza la implementación de cualquier metodología de protesta por parte de los afectados por la inseguridad, pues la legalidad que ésta quebranta no debe ser contestada mediante un comportamiento también ilegal.
Por ello es que este Colegio de Abogados se encuentra en la obligación de llamar a la reflexión tanto a los poderes públicos para que arbitren las medidas necesarias, con la urgencia que el caso impone, para conjurar la creciente inseguridad que reina en el seno de nuestra sociedad, como a los damnificados por el creciente vandalismo que se va apoderando de ésta, en cuanto a no confundir los ámbitos públicos con los privados en su afán de formalizar protestas evidentes y supuestamente más eficaces.
No debe tolerarse que la ciudadanía confunda el rol público de sus gobernantes con sus ámbitos de privacidad y, en consecuencia, ha de condenarse todo tipo de manifestaciones a las puertas de los domicilios particulares de aquéllos, como lo acontecido con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Daniel Cuenca.
Hemos de reiterar que circunstancias como las susodichas instalan en la sociedad el problema de cómo articular lo social con lo político y jurídico, pues en el seno de la democracia la libre expresión de las ideas y el planteo del disenso hacen a la esencia de la misma, cual gobierno del, por y para el pueblo.
Rosario, 21 de octubre de 2009.