Desde las 0 horas de ayer domingo, en la provincia rige el nuevo Código Procesal Penal, que establece la oralidad para los juicios. Esto ocurrió al cumplirse el plazo establecido por la ley, y a pesar de que la Justicia ni por asomo está en condiciones de aplicarlo. Pero, tras un ajetreado y paradojal trámite legislativo, la nueva prórroga que el gobierno pretendía -hasta fines de 2010 o incluso mediados de 2011- no llegó a tener sanción, enfrentando a la provincia a una encrucijada que se espera resolver en el curso de la semana pero que, hoy por hoy, configura una incoherencia institucional.

El primero de los próximos pasos lo daría la Corte mañana. En su reunión de acuerdo semanal, el Alto Tribunal -que también tuvo un rol trascendente en la votación de la semana pasada- analizará la imposibilidad de viabilizar la reforma y podría, como lo hizo el año pasado al vencerse el plazo original, establecer la inaplicabilidad del Código, por falta de recursos materiales, humanos e incluso administrativos.

Esto permitiría cubrir momentáneamente la irregularidad, hasta que la Cámara de Diputados tenga tiempo, el próximo jueves, de sancionar definitivamente la prórroga y volver la situación al cauce legal.

Paradoja

De todos modos, la Cámara Baja quedó expuesta a un dilema: aprobar la versión con que el Senado le devolvió la ley que prorroga la implementación definitiva e integral del nuevo Código de Procedimiento Penal (CCP) o insistir con incorporar nuevos delitos a tramitarse por el juicio oral durante la transición.

Si se atiene a lo que aprobó el Senado la provincia superará -con unos pocos días en falta- la mora legal a que queda sometida desde ayer, por la demora derivada de la diferencia de criterio entre ambas cámaras. Si, en cambio, los diputados decidieran reiterar el proyecto de ley que logró un alto consenso para sumar más delitos, los plazos de mora pueden estirarse aún más.

El jueves pasado el Senado les devolvió la pelota: la mayoría justicialista no aprobó el texto que le remitió la Cámara Baja (con serias modificaciones sobre el mensaje del Ejecutivo), sino el texto original que envió a la Legislatura el gobernador Hermes Binner. En cambio, los senadores del oficialismo votaron en favor de la versión de los diputados.

Nota de la Corte

Antes de votar, el titular del bloque del PJ pidió la lectura de una muy crítica nota del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, sobre la versión de Diputados del proyecto de ley.

Los cambios que le hizo el Senado parecen ajustarse tanto a la versión que envió el gobernador, como a los temores que manifestó la Corte.
Hasta ahora, es obligatorio realizar juicios orales y públicos para juzgar los casos de homicidios calificados, abuso sexual seguido de muerte, tortura seguida de muerte, enriquecimiento ilícito y robo agravado. En tanto, la idea de los diputados provinciales era incorporar otros delitos más a esa lista: homicidio simple; homicidio en riña; abandono de persona calificado por el resultado muerte; abuso sexual calificado; robo calificado por lesiones gravísimas; incendio y otros estragos calificados por el resultado muerte; atentados contra la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave calificados por el resultado muerte; y envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas calificados por el resultado muerte.

"La responsabilidad institucional me compele a decir que la Cámara de Diputados incorporó ocho nuevos delitos para ser tramitados por el procedimiento del juicio oral, manteniendo la misma estructura de recursos humanos y edilicia, lo cual será muy difícil, por no decir imposible, poder afrontarlos con el grado de eficiencia que la sociedad reclama y merece", dice la nota de Falistocco sobre la que el PJ en Senadores dejó constancia.