En sus inicios el expediente había sido tramitado en subrrogancia por el juez de primera instancia de Circuito de la Segunda nominación, Eduardo Arichuluaga, quien dictó el desalojo en septiembre del año pasado, pero la Municipalidad pidió la suspensión de la medida.

El juez titular de la causa asumió en mayo de este año (Daniel González, de Circuito primera), convocó a las partes nuevamente, pero el demandante reiteró la intención de recuperar la propiedad. El magistrado igualmente ordenó la suspensión del desalojo por 180 días e instó a lograr un acuerdo.

En junio de este año la Municipalidad realizó un censo, registró que en el predio viven 22 familias y asumió el compromiso de construirles casas en otra zona de la ciudad.

Nueve de esas familias aceptaron mudarse a viviendas sociales en el barrio 7 de Septiembre, mientras que el resto se opuso y ahora reclaman la inclusión en el censo de otras dos familias.

En medio de las negociaciones, los dueños del terreno manifestaron que no se oponían a cederlo momentáneamente (según el municipio, en ocho meses solucionaba el problema de vivienda de los ocupantes), pero siempre y cuando las autoridades los compensen económicamente.

La suspensión del desalojo fue apelada por los propietarios del terreno, que hacia fines de septiembre volvieron a solicitar que se les reintegre el predio y hace quince días se realizó una nueva audiencia, donde la Municipalidad no llevó ninguna propuesta para compensar al propietario.

Ante el fracaso de las negociaciones, el juez fijó el 20 de noviembre como fecha definitiva para desalojar el terreno.