En el marco de lo establecido por Acuerdo N° 31/08 de la Corte Suprema de Justicia provincial, los ministros Roberto Falistocco, María A. Gastaldi y Daniel Erbetta, junto al presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, Otto Crippa García, el Fiscal de Cámara Guillermo Camporini, el Presidente y Secretario del Colegio de Abogados, Arturo Araujo y Alejo Molina respectivamente, jueces, defensores y fiscales recorrieron la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario y la cárcel de esta ciudad (Unidad III), donde mantuvieron entrevistas con personas privadas de la libertad y verificaron condiciones de cumplimiento de la detención, en particular el estado de los edificios, alimentación, condiciones de trato, alojamiento y servicio de salud.
En su momento, la Corte provincial por acuerdo N° 31 aprobó una iniciativa del ministro Daniel Erbetta y creó el "Área de seguimiento de las condiciones de detención o cualquier otra forma de encierro" con el objetivo de facilitar y coordinar visitas tendientes a verificar el cumplimiento de las normas constitucionales e internacionales vinculadas al cumplimiento de la pena u otra medida de restricción de la libertad. En dicho acuerdo, además de las visitas jurisdiccionales, se instrumentaron visitas institucionales, de carácter sorpresivas y periódicas, que incorpora a los Colegios de Abogados de la provincia, con el objetivo de constatar condiciones de encierro y procurar información de utilidad que permita articular, con los otros poderes del Estado, estrategias y medidas de mejoramiento a efectos de lograr el máximo posible de observancia de las normas constitucionales y legales en la materia.
La implementación del área mencionada es una importante decisión de la Corte provincial, ya que constituye uno de los mecanismos de prevención a los que se ha obligado el estado argentino en instrumentos internacionales como la ley que ratifica el "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes".
El tribunal superior santafesino ha advertido que garantizar el respeto de los derechos de los detenidos no sólo es un deber constitucional sino también una exigencia tendiente a resguardar la propia seguridad de los ciudadanos ya que una vida carcelaria respetuosa de la dignidad humana es un aporte fundamental para la recuperación de quienes delinquieron, permite reducir las chances de recaída en el delito y de esto modo contribuye a mejorar la seguridad de la ciudadanía.