La Justicia allanó ayer por la mañana las oficinas de Aerolíneas Argentinas en el marco de una causa que investiga el supuesto pago de coimas y eventuales sobreprecios en la compra de 20 aviones que la estatizada línea aérea de bandera realizó a la brasileña Embraer, en mayo del año pasado.

El monto de la operación es de u$s 690 millones. La Justicia inició la causa hace seis meses, pero ahora no sólo sospecha del pago de sobreprecios sino también de coimas.

Funcionarios del juzgado federal a cargo del juez Sergio Torres se presentaron por la mañana en las oficinas centrales de la empresa que conduce Mariano Recalde y se llevaron documentos relacionados con la compra. Entre ellos, copias de actas del Directorio.

La Justicia se fundamenta en información aportada por un anónimo, que también recibió el diario La Nación. Entre otras cosas, asegura que refiere a datos precisos sobre el presunto rol de Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que también es investigado por la Justicia en otras causas y lideró las negociaciones con la empresa brasileña.

El fiscal Gerardo Di Masi es el encargado de avanzar con la investigación.

En el Gobierno se quejaban ayer que poco después de salir publicada la nota los hombres de Torres allanaron la empresa.

"Nos resulta pintoresco que aparezca la nota en el diario y a las tres horas tengamos el allanamiento", afirmó el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a la agencia oficial Télam. Y aseguró que "en una operación entre países sería impensable ningún tipo de alguna maniobra dolosa como la que se describe hoy", en referencia al artículo.

La respuesta del Gobierno llegó a través de la agencia estatal y fue centralizada en Schiavi. En Aerolíneas prefirieron no hacer declaraciones. Agregaron que ya dieron su versión cuando comenzó la investigación.

El titular de Transporte atribuyó esta situación a "gente que le molesta" que la aerolínea de bandera "esté volando a todo el país, con niveles de frecuencia muy importantes". Pero aclaró que "somos respetuosos de la Justicia y a todo lo que pregunten vamos a dar una explicación, ya que trabajamos con documentación oficial".

"Quiero ratificar lo que expuse en el Congreso ante la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones. En una operación país-país no hay lugar para suspicacias", le dijo a Télam.

La versión oficial con respecto a la investigación judicial insiste en los mismos puntos. Por un lado, sostiene que la compra de los 20 aviones destinados a capitalizar Aerolíneas se hizo "a precio de mercado", según los términos de Schiavi, si bien reconocen que los precios a se acordaron entre las partes.

En paralelo, el funcionario defendió la operación mediante la justificación de que la compañía brasileña otorgaba las mejores condiciones de crédito. Embraer aceptó financiar un 85% de la operación, mientras que el resto correrá por cuenta del Estado nacional o la compañía.

De acuerdo con Schiavi, el "esquema de financiamiento que se hace con Aerolíneas no se consigue con ninguna otra compañía del mundo". Y remarcó que en la compra de las aeronaves "no sólo se privilegió el bien precio sino también el financiamiento, además de que la empresa pertenece a un país del Mercosur".

Con frecuencia a la Justicia

Desde su vuelta al Estado, Aerolíneas Argentinas suma diversas denuncias ante la Justicia. Además de las sospechas en torno a la compra de aviones, tiene una acción en contra por supuestos actos dolosos contenidos en la reparación de un avión Airbus A340-300 en talleres brasileños.

La denuncia estuvo a cargo del abogado Ricardo Monner Sans sobre la base de un reclamo de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), bajo la conducción de Ricardo Cirielli. Entre otras cosas, denunció el pago de costos adicionales. Luego de esa presentación, Recalde decidió remover de su cargo a Axel Kicillof, un hombre cercano al propio timonel de la empresa, que se desempeñaba al frente de la Gerencia de Area Económico Financiera.