La norma aprobada reglamenta un procedimiento para el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal Argentino, referido a los abortos no punibles. El objetivo de la ley, impulsada por el legislador Adrián Pepino, es que los médicos tengan resguardo jurídico para efectuar los abortos legales de manera eficaz y a las mujeres les garantice que se cumplan sus derechos.

Pero una vez aprobada, el gobernador la vetó, por lo que el Partido Socialista interpuso una acción declarativa, que fue rechazada, y luego un recurso extraordinario, también negado, por cuestiones formales, por el Superior Tribunal de La Pampa.

El tribunal pampeano sostuvo que los partidos políticos carecen de legitimación procesal para promover demandas de interés colectivo, lo que a criterio del Partido Socialista viola el derecho a la tutela judicial efectiva.

"El presente caso -consignó la queja presentada esta mañana ante la Corte- se vincula directamente con la vida, la salud y la condición social de mujeres de escasos recursos".

"A pesar de que la ley penal establece claramente desde 1921 los supuestos de no punibilidad del aborto voluntario", esas mujeres de escasos recursos "se encuentran con una ley que las condena al ostracismo" por "su condición de pobre", argumenta el planteo.

La presentación del recurso ante la Corte tuvo la adhesión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que consideró un "grave retroceso" al veto contra la ley.

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires María José Lubertino, quien acompañó a la comitiva que junto a Pepino y Gil Domínguez se presentó hoy en la Corte, calificó como un hecho "muy importante" que este tema haya llegado al máximo tribunal de la nación.