Cuatro recursos de casación fueron interpuestos por los abogados de los intendentes de Sampacho y Chaján, el juez de Paz de Chaján y el abogado de la Provincia, pidiendo que se anule la resolución judicial de la Cámara Segunda del Crimen que volvió a imputar a estos funcionarios en la causa donde se investiga una posible comisión de delito con las tierras expropiadas para la presa Zelegua.
A mediados de marzo, una resolución de la Justicia revocó el sobreseimiento sobre estos funcionarios y elevó a juicio la causa por las polémicas tierras, pero ahora una nueva instancia se abre con la presentación de los recursos de casación, sobre los cuales deberá haber un pronunciamiento de admisibilidad o rechazo por parte del Tribunal Superior.
Jorge Valverde, abogado del intendente de Sampacho, Santiago Bordese, del juez de Paz Gustavo Reynoso y de Silvio Parisatto -integrante de la Procuración de la Provincia-, presentó a fines de la semana pasada este recurso. Así también lo hizo Félix Nieto, defensor de la intendenta Miriam Sánchez.
A través de este procedimiento judicial se pide la anulación de la resolución anterior que, en este caso, imputa a los funcionarios antes mencionados de "violación de los deberes de funcionarios públicos en grado de tentativa", "incumplimiento de deberes" y, en el caso de los intendentes, "partícipes necesarios en negocios incompatibles con la función pública en grado de tentativa y coacción" y eleva la causa a juicio.
En diálogo con PUNTAL, el doctor Valverde señaló que presentó tres recursos de casación ante la misma cámara, por considerar que la resolución emitida es contraria a derecho y que se ha equivocado todo procedimiento. Además de que en sus formas es "violatoria de los derechos y garantías" de los imputados. "Consideramos que la resolución de la Cámara del Crimen es totalmente infundada", puntualizó el profesional.
A su vez, para los profesionales que defienden a los mandatarios de la región, no existe basamento jurídico ni tampoco consumación ni tentativa de un delito como se expone en la resolución, sino que sólo se trataron de gestiones de resguardo de las tierras que habían sido expropiadas para una obra y, que debido a la demora en su construcción, se pretendía protegerlas.
Consultado Valverde por si los intendentes pueden permanecer en sus cargos mientras continúa el procedimiento judicial, explicó que sí y que en el caso del recurso de casación se espera obtener una rápida respuesta del Tribunal Superior.
"En realidad, este procedimiento suele extenderse hasta dos años, pero en este caso, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios públicos, se me ocurre que la Justicia será más expeditiva y en el corto plazo obtendremos una respuesta", sostuvo Valverde.
Idas y vueltas
La polémica causa que llegó a involucrar a funcionarios del orden provincial, como el caso de Alfonso Mosquera, comenzó en octubre de 2008 cuando el productor Carlos Vettorazzi, vecino de Sampacho, y a quien la Provincia le expropió parte de su campo para la obra hídrica, denunció que se estaba gestando un negociado por el cual se pretendía cambiar el destino de las tierras y hacer usufructo de las mismas alquilándolas a un pull de siembra. En su denuncia, Vettorazzi apuntaba a los intendentes de Sampacho, Chaján y Suco, además del abogado de la Procuración y el juez de Paz de Chaján.
En mayo del año pasado, el juez de Control, Carlos Muñoz, había sobreseído a todos los imputados, pero una apelación interpuesta por el fiscal Julio Rivero ante la Cámara del Crimen volvió atrás con ello y los funcionarios quedaron nuevamente imputados.
Una nueva instancia se abre a partir de ahora con la presentación de los recusos de casación, a través de los cuales se pretende ratificar el sobreseimiento de Bordese, Pontel y Sánchez, además de Parisatto y el juez de Paz, Gustavo Reynoso
