El velo íntegro no es bienvenido en Francia", decía Nicolas Sarkozy frente a los legisladores de la Asamblea francesa el 13 de enero pasado. Esta declaración del primer mandatario francés le otorgó visibilidad mediática a una iniciativa que, por estos días, se instala como polémica en toda Europa. Lo que se discute es la sanción de leyes que impidan -en los espacios públicos- el uso del burka (la vestimenta musulmana que cubre totalmente el cuerpo de la mujer y sólo deja una pequeña abertura a la altura de los ojos).

El último 28 de marzo, la Comisión de Interior de la Cámara de Diputados de Bélgica dictaminó a favor -y por unanimidad- de una ley que prohíbe el uso del burka en los espacios públicos. La normativa, impulsada por el MR (Movimiento Reformista, partido liberal francófono), deberá ser aprobada en ambas cámaras parlamentarias para entrar en vigencia. De sancionarse la normativa, Bélgica podría transformarse en el primer país europeo en vetar el uso público del burka.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, Thomas Hammarberg, comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicó en el sitio web oficial del organismo su opinión sobre estas iniciativas. Hammarberg advirtió en su artículo que la prohibición podría entenderse como una invasión a la vida privada, y agregó que "la prohibición del burka no liberará a las mujeres oprimidas, sino que puede conducirlas a la alienación en las sociedades europeas".

Sobre este tema también se pronunció el Consejo de Estado de Francia; el órgano consultivo debió opinar ya que desde el gobierno de Nicolas Sarkozy se impulsa una iniciativa similar a la belga. En su informe, se remarca la "fragilidad jurídica" de la normativa impulsada por el oficialismo en la Asamblea francesa y aconseja acotar la prohibición a lugares públicos determinados, por motivos de "seguridad". Entre ellos enumera: hospitales, tribunales, colegios… Así, aunque algo más amplio que el primer mandatario, el Consejo de Estado francés también se suma a la polémica.

En enero pasado, Jean-François Copé, el jefe del bloque parlamentario de la Unión por el Movimiento Popular (UMP, partido del presidente francés y con mayoría en la Asamblea), anunció la confección de un proyecto de ley en esa dirección. En varias entrevistas a la prensa europea, Copé adelantó que se impondrían multas de hasta 750 euros a las mujeres que incumplieran la ley y un monto aún mayor para aquellos hombres que obligasen a una mujer a estar íntegramente velada. Hace tiempo ya que la Asamblea francesa instituyó una comisión parlamentaria para estudiar este tema, sin embargo, la opinión del Consejo de Estado supone trabas -o, al menos, modificaciones- para que finalmente sea aprobada.

Según explicó el ministro del Interior francés, Brice Hortefeux (también encargado del área de culto en el país galo), al periódico alternativo Mediapart el 17 de diciembre pasado, se registran 1.900 mujeres que usan burka en toda Francia. De esas mujeres, el 90 por ciento tiene menos de 40 años, dos tercios son francesas y el 23 por ciento de entre ellas se ha convertido al Islam. Para Hortefeux, "es un problema de dignidad de la mujer, más que un tema de orden público".

POR LA IDENTIDAD NACIONAL. En torno a los conceptos de república e identidad nacional, el oficialismo francés pretende concentrar este debate. El propio Sarkozy publicó una columna de opinión en el reconocido diario Le Monde, el 9 de diciembre del año pasado. Si bien en esa oportunidad no se expresaba directamente sobre el uso o no del burka en las calles francesas, sí opinó a propósito del referéndum suizo donde finalmente triunfó la prohibición para la construcción de minaretes. El jefe de Estado francés realizó su propio análisis sobre la identidad europea y escribió: "Los pueblos europeos son hospitalarios, tolerantes, está en su naturaleza y en su cultura. Pero no quieren que su contexto de vida, su modo de pensar y de relacionarse socialmente se desnaturalicen. El sentimiento de perder la identidad puede causar un profundo sufrimiento". Esta opinión presidencial busca respaldar la propuesta legislativa anunciada por Copé.

El debate focaliza en el contrapunto entre la defensa de las libertades individuales y las limitaciones en nombre del laicismo. Una polémica fuertemente instalada desde que en febrero de 2004 el Parlamento aprobó la prohibición del pañuelo en la cabeza de las musulmanas y otros signos religiosos "llamativos" en las escuelas francesas.

Asimismo, el gobierno de Sarkozy agudizó su cruzada anti-burka/velo cuando en agosto de 2009 las piscinas públicas francesas prohibieron el ingreso de mujeres vistiendo el burkini, un traje de baño que sólo deja al descubierto los pies de las mujeres que lo usan. La decisión, según la dirección de instalaciones local, se debe a cuestiones de higiene. Aun así, la primera musulmana -de 35 años- que sufrió el veto en una piscina pública en Emerainville, en las afueras de París, presentó una denuncia por segregación.

El proyecto impulsado por la UMP no es nuevo, esta misma propuesta fue promovida en junio de 2009 por el diputado comunista André Gerin, que contó con el aval de otros 57 diputados. Entre los 58 legisladores que han firmado la propuesta de erradicar esta vestimenta de las calles, hay 43 del partido de Sarkozy, de centroderecha, siete socialistas, tres comunistas y dos de centro.
Bajo el paraguas de la inseguridad y de la defensa del laicismo, Europa discute en sus Parlamentos el recorte de las libertades individuales. En este caso se trata de prohibir el uso del burka en espacios públicos. Siendo pragmáticos, habría que evaluar si la restricción a la vestimenta, en vez de "liberar" a la mujer musulmana, no terminará por alejarlas definitivamente de los espacios públicos, de la vida pública, de la participación social… En fin, de las calles europeas.