El mandatario rescató la "buena intención" de los concejales en intentar resolver "un tema difícil", pero aseguró que la modificación "es inaplicable y tiene algunos conceptos que rayan lo inconstitucional". Se refería a uno de los puntos, que pretende impedir que las alternadoras se paren en la vereda. "No se le puede impedir a una persona la libre circulación por la vía pública; eso va en contra de lo que marca la propia Constitución nacional".

Si bien la reforma fue impulsada por el oficialismo, con la disidencia de la concejala Marcela Lozano -quien votó en forma negativa junto a la justicialista María Claudia Mariani-, Raimundo se mostró más cercano a estos argumentos y marcó la "necesidad de dar un debate mucho más profundo" sobre el tema.

"Esta ordenanza no soluciona el vacío jurídico, y además es inaplicable; no podemos generar, por un lado, expectativas de clausura en la gente que está en contra, ni tampoco posibilidades de aperturas, encuadrando la figura de cabaret, para quienes quieren invertir en esto", aclaró.

Por otra parte, el mandatario recordó que en su gestión se hicieron junto con la policía una importante cantidad de operativos de control, y que se clausuró la mayoría de estos locales. "Por años no hubo un control tan estricto, lo que muestra que es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Pero si pretendemos resolver un tema que viene de toda la vida con normas de difícil aplicación, vamos a cometer un error", reflexionó.

En la última sesión ordinaria, el Concejo había aprobado por mayoría una reforma a la ordenanza de espectáculos, introduciendo la figura de whiskería y cabaret con una serie de disposiciones para su funcionamiento. En el texto se definía a este tipo de lugares como "aquellos locales donde se difunde música, son servicio de bar y en donde interviene personal contratado para bailar o alternar con los concurrentes".

La norma fijaba algunas prohibiciones edilicias, como la existencia de tabiques divisorios o comunicaciones con otros inmuebles, y ponía en vigencia un registro de oposición, disponiendo para la habilitación la aprobación del 50 por ciento más uno de los vecinos de la cuadra. Y a futuro prohibía la instalación de estos comercios a menos de 200 metros de museos, bibliotecas, escuelas, templos, salas velatorias y hospitales, entre otros.

Esta ordenanza se aprobó con el voto de los concejales Claudia Moyano, Ramón Dicilli, Eduardo Ros, Gustavo Oggero y Marcelo Roggi, todos del bloque oficialista, y con el negativo de Lozano y Mariani. Sin embargo el intendente Raimundo dejó por un lado el protocolo de los festejos por el bicentenario y se manifestó muy firme anunciando el veto a la ordenanza y dejando abierto el debate en un tema muy particular.

Prostitución internacional. En 2009 LaCapital reflejaba cómo, a partir del movimiento de buques, los burdeles de San Lorenzo habían incrementado su actividad, en una zona donde no existen casas de citas ni departamentos privados, como en otros lugares, y los marineros llegan a este tipo de comercios en busca de mujeres.

La llegada de casi 900 mil camiones al año, y más de 5 mil barcos con sus tripulaciones, además de motorizar la actividad exportadora de este cordón, también mueve esta actividad que en silencio deja bastantes dividendos.

Claro que este negocio próspero también ha dejado ver su costado más oscuros, como fueron algunos resonados casos de explotación sexual infantil, de extranjeras indocumentadas y la siempre dudosa procedencia de las mujeres que trabajan como alternadoras.