Durante las audiencias, a las que los imputados llegan en libertad, se espera que no sólo se ventile el accionar de ese grupo sino también las supuestas complicidades de los policías de la Unidad Regional VI en aquel negocio, tal cual lo denunciara entonces la jueza federal Laura Cosidoy.
Como si eso fuera poco, días después del operativo que terminó con los narcos tras las rejas, las armas secuestradas en los allanamientos fueron robadas misteriosamente de un depósito judicial a cargo de la división Criminalística de la policía rosarina (ver aparte). Según fuentes judiciales, se espera que más de 50 testigos (entre ellos 30 policías en actividad y retirados) den sus versiones de los procedimientos y que antes del próximo fin de semana se conozca el veredicto.
En el banquillo de los acusados estará Federico Balbi como jefe de la presunta banda. Los allanamientos se hicieron el 25 de noviembre de 2007 en cinco domicilios de Villa Constitución. Como resultado la policía secuestró algo más de 2,5 kilos de cocaína y fraccionada para la venta, varias armas de fuego, teléfonos celulares, dinero en efectivo, proyectiles y otros elementos que sirvieron para instruir la causa. El tribunal estará integrado por los jueces Roberto Manuel López Arango y Lilia Graciela Carnero, de Paraná; y María Irene Vedia, de la ciudad de Santa Fe.
La historia. Aquellos operativos de 2007 fueron el desenlace de una historia con ribetes políticos e institucionales de escándalo que se inició dos años antes, cuando el entonces subjefe de la Unidad Regional VI, el ahora retirado comisario Alejandro Franganillo, fue desplazado de ese cargo tras denunciar ante la Justicia federal al mencionado Balbi como el principal comercializador de drogas en ese departamento del sur santafesino.
El corrimiento de Franganillo fue mas bien una reprimenda de quien era su superior directo, el comisario general Oscar Ferreiro. Es que el titular de la Jefatura villense entendió que habían pasado sobre su autoridad mientras él gozaba de vacaciones. Algo que desde algunos sectores de la Justicia se entendió como una excusa, sin otro sustento que el enojo porque la presentación desarmaba un negocio que reportaba a la policía.
En ese sentido, poco después de los allanamientos de 2007, encabezados por Franganillo ya en su carácter de jefe provincial de Drogas Peligrosas y por orden directa del entonces gobernador Jorge Obeid, fue la jueza federal Cosidoy quien ratificó las acusaciones del policía. "Basta ponerse un ratito en la calle para advertir la dimensión y la impunidad que tiene el tráfico de drogas en Villa Constitución", dijo.
En una denuncia presentada ante la fiscalía federal número 1 de Rosario en diciembre de 2007, la jueza pidió que "se investigue a todos los policías que cumplieron funciones desde 2005 en la Unidad Regional VI y en la brigada de Drogas Peligrosas de esa regional" ante la sospecha de connivencia con los traficantes de estupefacientes. Su intención, dijo, era saber "por qué no actuaron frente a lo evidente del fenómeno". La fecha inicial de la pesquisa sugerida por Cosidoy fue significativa: coincidía con el momento en que Franganillo fue desplazado de la subjefatura de la regional de Villa Constitución y privado de destino por 180 días.
Complicidad. La presentación de la jueza era tajante en cuanto a la complicidad entre narcos y policías. "En un operativo policial de hace 10 días (el de noviembre de 2007) se allanó un domicilio pero su ocupante alcanzó a escapar por los techos. Lo apodan Comadreja y fue visto el lunes siguiente por varios testigos en el Banco Nación de Villa Constitución. Hizo una extracción de una cuenta bancaria y desde entonces está prófugo", decía.
También sostenía la denuncia que "el padre de un subjefe policial tiene un quiosco donde comercializa estupefacientes" y relató este misterioso episodio: "Policías de un destacamento atraparon hace tres meses a dos personas con drogas. Llamaron a la Brigada de Drogas (por entonces a cargo de un comisario identificado como M.M.) y entregaron el procedimiento. Estos terminaron liberando a los detenidos y en el acta asentaron una averiguación de antecedentes como causa de la detención. Eliminaron la droga como prueba. Evidentemente hubo un arreglo".
Finalmente, la jueza sostuvo que "la persona que fue denunciada en 2005 por el comisario Franganillo jamás fue controlada luego por la policía. Ahora lo allanaron, le encontraron droga y un depósito de 120 mil pesos en el Banco Nación pese a que no tiene empleo declarado. Ese dinero ahora está inhibido por orden judicial". El sujeto en cuestión es Federico Balbi, quien ahora será juzgado como líder de la banda.
En la casa de Balbi la policía secuestró 350 gramos de cocaína, una balanza de precisión, dos celulares, una pistola 9 milímetros con su numeración limada y 14 proyectiles, un revólver 38 largo con seis balas y 10 mil pesos en billetes de baja denominación. Además llegan al juicio los siguientes imputados: Abel R., Rodolfo V. y Omar Jesús A., a quienes les incautaron 98 bochitas de cocaína y un revólver 38 largo; Pedro Luis A., quien tenía medio kilo de droga, un revólver 32 y dos celulares; Carlos Alberto C., que tenía 304 bochitas de cocaína, un revólver 32 largo y 1.400 pesos; Tomás Antonio G., a quien le hallaron una escopeta calibre 16 y tres celulares; y Alejandra Nélida C., quien sólo tenía siete celulares.
El noveno integrante del grupo es Jose Alberto Comadreja Colazzo, quien figuraba en la denuncia de Cosidoy y pudo escapar del procedimiento de noviembre de 2007, aunque fue apresado poco después.
