Llegan al hospital vestidos como cualquier otro vecino que requiere una atención médica; se mueven con soltura y hasta con cierta cuota de soberbia. Pasan desapercibidos entre cientos de personas que a diario transitan por los pasillos con el peso de la carencia económica y el dolor de un drama familiar. Y de eso sacan provecho; de la vulnerabilidad en todo sentido que reviste la persona en su condición de víctima. Son los "caranchos"; abogados o "punteros" enviados por estudios jurídicos que hacen, sobre todo a partir de los accidentes de tránsito, una nueva industria del juicio.
La guardia y el Servicio de Traumatología del Hospital José María Cullen se convirtieron en epicentros de estas prácticas. "Convivimos con ellos", dijo el director del nosocomio, Dr. Francisco Sánchez Guerra. La situación llegó al extremo de que el propio jefe de Traumatología inició una especie de pegatina con carteles en su sala para advertir a los pacientes. "Los engañan, los extorsionan; les ofrecen dinero, los amenazan con quedarse con sus hijos, si los pacientes no firman el poder. Por eso, empecé a pegar carteles sugiriéndoles que no le firmen a cualquiera", relató el Dr. Carlos Moya.
El "profesional" o su emisario conminan al paciente a firmar advirtiéndole que si no lo hace en el momento, perderá sus derechos. Así, la persona cede su representación en un eventual juicio o futuro resarcimiento económico. El procedimiento se hace bajo falsas promesas -la víctima termina recibiendo una ínfima parte del dinero que se cobra tras el reclamo- o mediante acciones coactivas, como la retención del DNI.
Diagnóstico
El modus operandi de esta modalidad delictiva no sólo involucra abogados; puede contar también con la complicidad de personal policial, hospitalario y hasta de médicos. Por eso, a instancias del Colegio de Abogados de Santa Fe -y en una iniciativa similar a la de semanas atrás en Rosario-, se realizó una reunión para discutir la problemática a partir del aporte de cada uno de los sectores afectados. Asistieron autoridades de la entidad anfitriona y del Colegio de Médicos; los Dres. Sánchez Guerra y Moya del HJMC, autoridades del Hospital de Niños Orlando Alassia; el secretario de Control, Facundo Paschetto, por el Ministerio de Seguridad; el jefe de la URI, comisario Juan José Mondino, y representantes de dos compañías de seguro.
Cada uno trazó su diagnóstico de la situación; se ensayaron algunas ideas para frenar la problemática y se asumió el compromiso de volver a reunirse para definir y llevar a la práctica medidas concretas.
El relato más crudo fue el de los médicos. "Tenemos una invasión de estos señores a primera hora de la mañana trabando conversación con los pacientes, que nos impide realizar nuestra labor", dijo Moya. Así surgió otra arista del problema; el accionar de los "caranchos" -reñido con la ética y la ley- ya obstaculiza la atención médica.
"Hoy, tenemos salas con veinte personas que son abogados (o sus emisarios) y los pacientes no los conocen. Y antes de que nosotros podamos hablar con ellos como pacientes, ya hay alguien está hablando con ellos o por teléfono en la propia terapia intensiva. Esto afecta la atención médica", resumió Sánchez Guerra.
"Muchas veces -prosiguió-, los pacientes nos preguntan si nosotros avisamos a algún abogado porque ellos ya recibieron el llamado de uno mientras esperaban ser atendidos". Fue allí donde admitieron que "hay médicos que se prestan o personal hospitalario que recibe unos pesos" por pasar a los abogados los datos de los siniestros.
En el mismo sentido, el jefe de la URI reconoció que en Santa Fe, preliminarmente saben que "son tres o cuatro" las seccionales donde los sumariantes -que están en contacto con el siniestro y lo comunican al abogado- prestarían su colaboración con este tipo de redes. "Pondremos la lupa sobre ellos, pero necesitamos cruzar más información para poder probarlo definitivamente", afirmó Mondino.
Qué hacer
El presidente del Colegio de Abogados, Salvador Aiello, repudió el accionar de los profesionales que se dedican a estas prácticas, y se comprometió a hacer lo que esté al alcance de la institución para combatirlas. Todos reconocieron la amplia convocatoria, y agradecieron al Colegio haber tenido la iniciativa.
Del mismo modo, la mayoría coincidió en que es apenas un puñado de estudios jurídicos quienes se dedican "sistemáticamente" a esta actividad. A partir de ello, hubo algunas propuestas para intentar "cerrar el cerco".
El Colegio de Médicos propuso confeccionar un sistema operativo que permita cruzar información generalizada entre médicos, abogados y fuerzas de seguridad. Aiello acotó que también las aseguradoras podrían aportar información. "Hay que avanzar en la demostrabilidad del hecho", planteó. Paschetto sugirió que cada abogado deje constancia de su patrocinio en la guardia de la comisaría donde se asienta la denuncia.
Las compañías de seguro admitieron que muchas veces pagan por un perjuicio, pero quienes cobran el siniestro "son los abogados y no las víctimas". Aclararon que éste es un problema de "vieja data", y plantearon que "si la actividad está concentrada en cuatro o cinco estudios, debería ello estar contemplado en su Código de Ética".
"Éticamente -acotó Sánchez Guerra-, los médicos estamos muy observados, pero no pasa lo mismo con los abogados". Y recordó un caso de hace años, donde un médico sorprendido en una acción ilegal fue exonerado, mientras el abogado siguió ejerciendo su profesión.
Aiello aclaró que hay sanciones disciplinarias, y aseguró que hay decisión para aplicarlas. Aun así, insistió en que es necesario contar con pruebas, y sobre esa base, valoró el cruce de información que se pueda lograr; en tanto, propuso instrumentar "un registro manual" de los ingresantes al hospital.
El director del nosocomio puso en duda esa medida a partir de la "intensa circulación diaria", y prefirió poner el acento en la educación. "Hay que difundir el tema, instruir al paciente para que sepa a lo que puede verse expuesto", mencionó.
El abogado Ricardo Prono sostuvo que sería fundamental lograr "que la víctima denuncie". Pero la víctima, advirtió Moya, "se ve acosada". Los médicos cerraron insistiendo en que el problema pasa por la educación y la información. De lo contrario, dijo Sánchez Guerra, "por más que pongamos rejas electrificadas con cocodrilos, van a hacer lo imposible e intentarán pasar igual".
/// LA CLAVE
Definición
"Caranchos", "bolseros", "mayoristas", "correambulancias", "aves negras" son todas denominaciones que se aplican a los abogados que a través de "punteros" (policías, camilleros, médicos, choferes de ambulancias y empleados de funerarias) se enteran de los accidentes de tránsito y se presentan ante las víctimas o sus familiares -en caso de muerte- para representarlos y prometerles una buena cantidad de dinero, juicio mediante contra una empresa de seguros o una ART, para después quedarse con la mayor parte del pago.

/// OPINIÓN
Aprovechamiento
Marina Riofrío (*)
En los últimos tiempos se ha desarrollado y difundido una modalidad delictiva en el marco de lo que podría denominarse la industria de los juicios de accidente de tránsito. Dicha modalidad ha sido muy bien retratada en la película de Pablo Trapero "Carancho" (…).
Esta modalidad delictiva resulta muy rentable para sus autores porque logran que la víctima o presunta víctima y, en caso de muerte, los familiares, les cedan el crédito (derechos y acciones) que tienen derivado de ese accidente de tránsito, a cambio de una suma de dinero muy inferior a la que ellos finalmente obtienen en el juicio o en un acuerdo extrajudicial.
Como una contribución para poner fin a esta situación, propicio reformar el Código Civil en su título IV "De la cesión de créditos" incorporando en el art. 1445 la prohibición de ceder totalmente los créditos provenientes de accidentes de tránsito, de modo tal que sea la propia víctima la que deba promover la acción judicial y luego pueda percibir las sumas resultantes de una eventual sentencia condenatoria o de un acuerdo transaccional o conciliatorio.
En el proyecto, se admite la cesión de un cuarenta por ciento (40 %) del crédito para guardar uniformidad con los criterios normalmente admitidos en materia de pactos de cuota litis en las disposiciones sobre honorarios profesionales. Asimismo, para no provocar injustos perjuicios a los letrados que intervienen con probidad en ese tipo de juicios.
Si bien no se trata estrictamente de un derecho personalísimo, la modalidad delictiva descripta, en la que se advierte el aprovechamiento del estado de necesidad de personas indigentes o bien, en otros casos, el abuso de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares, hace necesaria la intervención del legislador para evitar que esos derechos y acciones puedan ser separadas del sujeto que es titular, para transferirlos por unos pocos pesos a otro sujeto que sólo pretende enriquecerse a su costa.
(*) Senadora nacional por San Juan (FPV) y abogada. Fundamentos del proyecto de ley presentado en el Senado en septiembre de 2010.
"Lo primero es que todos nos pongamos de acuerdo en que esto es ilegítimo, deleznable y hay que combatirlo. De los caranchos se va a ocupar el Colegio y la Justicia; de los demás, cada uno tendrá responsabilidades. Por eso, hemos invitado a representantes de todos los sectores".
Salvador Aiello,
presidente del Colegio de Abogados.