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Pedido por la no reglamentación de la ley de videovigilancia

Mediante ley Nº 13.164, comunicada el 25/11/10 al Poder Ejecutivo provincial, y publicada en el Boletín Oficial el 28/12/10 se estableció un sistema único para toda la provincia por el cual se regula la instalación y uso de sistemas de captación de imágenes y sonidos de personas físicas, obtenidas en lugares públicos o privados de acceso público.

Tal norma establece las reglas de aplicación a los sistemas de captación utilizados por el sector público local y por los particulares, definiendo primeramente una serie de condiciones a tenor de las cuales el tratamiento de imágenes y sonidos de personas fí­sicas, obtenidas en lugares públicos o de acceso público por parte del sector público local es lí­cito, requiriendo para ello que los sistemas que se utilicen, incluidos los de captación, cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación, que debe fijar los requisitos mí­nimos que deben reunir dichos sistemas, mediante disposición fundada. Establece además una Comisión de garantías de videovigilancia.

La problemática es sumamente preocupante, no sólo por haberse operado el vencimiento del plazo establecido para la reglamentación, sino porque se está avanzando en experiencias públicas y privadas en todo el territorio de la provincia, siendo de público y notorio conocimiento las de los municipios de Santa Fe y Rosario, todo ello sin el debido ajuste a la legislación provincial dictada, lo que implica estar resignando las funciones reglamentarias del Poder Ejecutivo provincial, y en especial de la reglamentación de segundo grado que debe hacer necesariamente la autoridad de aplicación, en consonancia con la Comisión de garantías allí­ establecida.

Es por ello que corresponde que el Señor Gobernador de la Provincia dicte la reglamentación faltante a la brevedad posible.

Para acceder al texto del proyecto de comunicación hacer click aquí

Para acceder al texto completo de la ley hacer click aquí

Para finalizar, Gastaldi fue categórico: "La conducta asumida hasta el momento por el gobierno socialista debilita la calidad institucional de la provincia e incentiva atajos judiciales que degradan los necesarios caminos del diálogo y el acuerdo, que deben primar en el normal funcionamiento de un sistema representativo y republicano".

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