El nuevo sistema de enjuiciamiento penal que debería ponerse en funcionamiento a partir del próximo 10 de febrero corre el riesgo de sufrir una postergación. Es que para que el nuevo Código Procesal Penal entre en práctica sin contratiempos se necesita la sanción en la Cámara de Diputados de la llamada ley de herramientas, que modifica cuatro puntos fundamentales y operativos del nuevo sistema y que ya cuenta con media sanción en Senadores. Al respecto, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta evaluó como “una irresponsabilidad” aplicar el nuevo sistema sin que esté sancionado el paquete de medidas. “Yo doy mi opinión personal, que es compartida. Sería bastante irresponsable iniciar la reforma sin estos ajustes normativos. Estamos poniendo en juego una reforma de una trascendencia enorme, la que hay que cuidar. Hay que resolver esta situación”, sostuvo Erbetta.

Al respecto, el ministro recordó que en 2006, cuando se sancionó la ley 12.134 que es la norma base del sistema de procedimientos que se quiere implementar el 10 de febrero, “el texto de esa matriz, si bien implica un cambio muy grande entre un sistema inquisitivo y el modelo acusatorio a implementar, tiene algunas impurezas, algunos elementos que son impropios del sistema de acusatorio”.

Erbetta analizó que “cuando se redacta un código, hay mucha gente que opina. Si bien mucha gente sabe lo que es un sistema acusatorio, no siempre lo ha vivenciado, no ha tenido una comprensión cabal del funcionamiento y alcance de este tipo de modelos”.

Uno de los puntos cuestionados de la ley, es que sigue exigiendo la presencia de un secretario para validar cualquier audiencia.
“El modelo acusatorio no sólo supone la oralidad, sino cambiar una lógica de trabajo, de gestión y de litigio. Y entre esas cosas la tendencia es que desaparezca el expediente, como una forma de ganar en transparencia. Se sustituyen las actas de papel por actos con personas de carne y hueso. Entonces exigir la figura del secretario como una figura de fedatario en una audiencia en donde la información se produce entre las propias partes, con el control de las propias partes y la figura del juez y con un registro audiovisual no tiene sentido”, detalló.

Para Erbetta, si se necesitara un secretario por audiencia, tendrían que contar con una planta de 76 secretarios cuya única función sería la de ratificar una audiencia. Sin embargo, tal como están hoy las cosas para que el sistema se ponga en marcha sería necesario nombrar esa enorme cantidad de cargos para que las audiencias resulten valederas. “No se pueden garantizar las audiencias porque no se pueden afectar secretarios, salvo que sean secretarios de otros fueros”, dijo.

Es que los actuales secretarios del sistema penal seguirán afectados al trabajo en el viejo sistema, donde hasta el próximo 9 de febrero seguirán ingresando causas y habrá que seguir trabajando en ellas hasta que las mismas se extingan. “Va a habera dos metodologías de trabajo, una para la causas hasta el 10 de febrero, otra para las posteriores, pero la Justicia sigue siendo la misma, las víctimas tienen los mismos derechos, estén en el sistema antiguo o en el nuevo sistema”, destacó.

Recusación

Otro de los puntos a reformar es que la ley determina que si un juez interviene en una audiencia de prisión preventiva oral, luego no puede intervenir en otras audiencias de la etapa previa. Este proceso tiene dos grandes momentos, la etapa preliminar o preparatoria de juicio y la etapa de juicio. “En la etapa previa puede darse que en un mismo caso penal se tramiten hasta siete audiencias antes de la etapa del juicio. Si un juez de la etapa preliminar interviene en una audiencia de prisión preventiva no puede intervenir en otra, nosotros necesitaríamos entre 4 y 5 jueces por cada caso penal. Lo que resulta insostenible en cualquier parte del mundo”, detalló.

La propuesta reside en que un juez que ha intervenido en las audiencias no sea el que juzgue y el que juzgue que no sea el que ha intervenido en las audiencias. “Eso nos permite no necesitar cinco jueces para la etapa previa, con un solo juez alcanza. Esto tanpoco implica una gran modificación y respeta los principios institucionales”, aseguró.

Presencia

El otro punto es que la ley refiere a que los jueces deben presenciar todas las audiencias. Lo que se propone modificar es que sólo estén presentes en los casos en los que hay personas privadas de su libertad.

La última modificación tiene que ver con aquellas localidades que cuentan con un solo juez, lo que determinaría que para no superponerse en las distintas etapas deberían viajar magistrados desde otras localidades. En esa instancia se propone crear un colegio interdistrital de jueces, que reúna en el caso del Sur, a San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución que serían quienes acudirían ante la necesidad de un juzgado.

Lo curioso es que si no se sancionan estas reformas, el sistema no podría funcionar. Y cualquiera de los actos que se desarrollen, como por ejemplo una audiencia sin juez, podría ser declarada nula. Lo cierto es que ahora habrá que esperar a que la ley de herramientas se trate antes del 10 de febrero, pero nada hace pensar por estas horas que eso sea posible.

Pese al pedido de Bonfatti, no sesiona la Cámara de Diputados provincial

Pese al pedido expreso del gobernador Antonio Bonfatti, la Cámara de Diputados de la provincia no sesionó ayer –y tampoco lo hará hoy– para tratar un proyecto pendiente que incluye un paquete de herramientas para la reforma penal.

Ocurre que hasta el momento no hay consenso entre los distintos bloques y todo indica que el tema quedará para febrero del año que viene, salvo que haya acuerdo para sesionar la semana próxima.

El gobernador había pedido a través de una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, que se vote esta semana la ley de herramientas para la implementación del nuevo sistema procesal penal, que ya tiene media sanción del Senado y que el gobierno entiende que es clave para la puesta en marcha de la reforma, prevista para el 10 de febrero de 2014.

Bonfatti había considerado que el proyecto –por el cual se reforman 17 artículos del nuevo Código Procesal Penal y de la Ley de Tribunales– contempla temas “de crucial importancia” para la nueva Justicia penal.

Rubeo sondeó a los presidentes de bloque y concluyó que no hay acuerdo sobre el tema. En general, los diputados acompañan la iniciativa, pero algunos quieren introducir cambios y eso amerita un estudio más profundo del proyecto. Por ello, y como no hay otros temas en la agenda, el titular de la Cámara baja no convocó a sesión.

Así, la ley con las herramientas y los últimos detalles normativos imprescindibles para que el 10 de febrero del año próximo se ponga en vigencia el nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia sería tratada recién después del receso legislativo: la primera sesión será el jueves 6 de febrero de 2014, cuatro días antes de la puesta en marcha, en forma integral, de la reforma penal.

“Todos los integrantes de la comisión se quedaron con la idea de que hay que estudiar más el tema”, sostuvo el diputado kirchnerista Leandro Busatto, presidente de la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales. “Con el presupuesto (que se aprobó el jueves 12) todos dimos por cerrado el año”.