En la ciudad de Rosario hay 1500 locales comerciales vacíos. Además, existen muchas dificultades a la hora de firmar un contrato, y una de las principales son las indexaciones ilegales, que en algunos casos suelen ser cuatrimestrales. Esto se desprende de un relevamiento realizado por el Centro de la Concejalía Popular, perteneciente al Social Metropolitano.

El estudio establece que los valores de los alquileres en las superficies comerciales aumentaron más de un 40% en el último año y siguen en alza. De esta manera, “las condiciones que afrontan los comerciantes impiden el normal desarrollo de la actividad”.

En el caso de los pequeños comerciantes, quienes afrontan un grado de vulnerabilidad mayor, la expulsión de dichos emprendimientos de la zona central es “constante”, ya que ante los enormes gastos que implica sostener un negocio en el microcentro rosarino, muchos deciden bajar las persianas o mudarse a la periferia de la ciudad.

De todos modos, el trabajo expresa que “en los barrios y sobre las avenidas la realidad no es muy diferente, ya que ante este corrimiento de comercios del centro a esas zonas, los alquileres comerciales en esos sectores de la ciudad se han incrementado notablemente”.

“Esta realidad golpea duramente a los comerciantes de nuestras ciudades, ya que los valores de los alquileres se traslada directamente a los costos de la actividad comercial, lo que genera un incremento de los productos o en la imposibilidad de mantener las persianas abiertas”, evaluaron.

La Federación Argentina de Inquilinos

Contratos que aumentan cada seis meses, la exigencia de una y hasta dos garantías y que la comisión la pague el inquilino en vez del propietario, como establece la ley, son algunos de los abusos que ampara un supuesto “acuerdo entre partes”.

"La vivienda es un derecho humano fundamental que sigue estando en manos del mercado inmobiliario, donde los sectores más concentrados impusieron una lógica rentista de la tierra y la vivienda con el solo fin de generar ganancias extraordinarias", señala el documento fundacional del Frente de Inquilinos Nacionales (FIN).

Según el texto, "las consecuencias son conocidas: expulsión de amplios sectores populares de los centros urbanos, miles de viviendas ociosas, aumentos constantes de los precios afectando la economía familiar".

Un alquiler justo, según explicitó el FIN, es "aquel que defiende a ambas partes: al propietario de buena fe y al inquilino, y que garantice el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

El documento fue firmado por las organizaciones de inquilinos de Tierra del Fuego, Neuquén, Rio Negro, La Plata, Córdoba; ciudad de Buenos Aires y Rosario, y es el resultado de un plenario que reunió a los representantes de las uniones de inquilinos de esas provincias.

Además, recibió la adhesión de legisladores porteños como Jorge Taiana, y de los parlamentarios porteños presentes en el lanzamiento del FIN: María Rachid, Aníbal Ibarra y Fernando Muñoz.

Adhirieron la senadora bonaernese Mónica Macha (Nuevo Encuentro), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y entidades que se ocupan de personas en situación de calle como Proyecto Siete; cooperativas de vivienda; la Alianza Internacional de Habitantes y el gremio ATE, entre otras asociaciones civiles.