Este DNU vulnera nuestros derechos al desconocer la institucionalidad de la ley 26.522, cuyo Consejo Federal (COFECA), del cual el SPR forma parte por el sector de los trabajadores, es quien tiene la potestad de nombrar dos integrantes del AFSCA y de remover a sus directores. Como si fuera poco en sus consideraciones señalan: "Que desde el año 2009 no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia", cuando la ley se vio judicializada por quienes son ahora los que ordenan estos atropellos para continuar con el gran negocio de los medios audiovisuales y de las nuevas tecnologías de la comunicación.

La LSCA 26.522 vino a cubrir una deuda de la democracia al derogar el decreto ley de la dictadura que administraba el espectro audiovisual con premisas de la doctrina de la seguridad nacional. Donde, por ejemplo, no podían ser licenciatarios las organizaciones sin fines de lucro. La ley de medios creció desde el pie, con debates en todos los rincones del país, movilizaciones y audiencias. Es una ley que construimos entre todos; es NUESTRA ley: no sólo de las y los trabajadores de prensa, la comunicación y la cultura sino de todo el pueblo, de sus organizaciones libres, que constituyeron la Coalición por una Radiodifusión Democrática y escribieron los 21 Puntos, fundamento volcado en la ley para su tratamiento legislativo.

Es ejemplo a nivel mundial en la elaboración de un norma por su calidad democrática y elogiada por organismos internacionales de derechos humanos. Tiene además de su espíritu federal, inclusivo y diverso, la enorme virtud de considerar a la comunicación como un derecho humano, lo que de por sí la pone en las antípodas de la comunicación como mercancía y con medios regulados por el mercado.

Fue votada por amplias mayorías en el Congreso y ratificada en toda su peregrinación judicial por la Corte Suprema de la Nación que declaró su constitucionalidad. Así que no aceptamos que nos digan que es antidemocrática, que la pueden modificar por decreto, que pueden intervenir sus autoridades de aplicación, que no van a respetar su institucionalidad, porque con lucha y movilización defenderemos nuestros derechos.